San José, 4 may (elmundo.cr) – La moción presentada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para que el acceso al registro de accionistas que se creará con la Ley solo puede permitirse mediante una orden de un juez, no fue bien recibida por Casa Presidencial.
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El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro afirmó que pedir un juez de garantía contraviene lo solicitado por la OCDE para cumplir con lo relativo a transparencia.
“El juez de garantías es una situación que contraviene los preceptos que está requiriendo la OCDE, así que si queremos entrar a aquel organismo tenemos que hacer una legislación adecuada. Creemos que la propuesto del Ejecutivo en ese sentido ya está adecuada a los requerimientos OCDE por lo que no deberíamos darle más vuelta”, declaró el jerarca.
El proyecto de Ley para luchar contra el fraude fiscal sigue sin ser dictaminado en la Comisión de Hacendarios.
El PUSC presentó dos mociones, una de ellas que dicta que solo los Tribunales de Justicia podrán autorizar el acceso a la información de la base de datos de registro de accionistas, “como parte de los procedimientos de investigación de conductas sobre los que existan motivos y elementos de convicción suficientes, a partir de los cuales se pueda presumir de manera fundada, la posibilidad de encontrarse frente a conductas ilícitas, y que como tales deben investigarse, lo que deberá acreditarse en forma debida ante el juez de garantía”.
Asimismo se establece que solo la Dirección General de Tributación Directa y el Instituto Costarricense sobre Drogas podrán hacer las solicitudes para acceder a los datos del registro de accionistas.
La otra de las mociones pretende obligar al Banco Central de Costa Rica a utilizar protocolos y estándares internacionales para el manejo de datos, entre los cuales debe garantizar la trazabilidad, que permite identificar quienes accedieron a la información.
Los socialcristianos colocaron como ejemplo lo ocurrido con Keylor Navas y el acceso inadecuado de su información privada por parte de personal del Organismo de Investigación Judicial y por la cual la Sala IV condenó al Ministerio Público por dicho actuar.
