San José, 15 dic (elmundo.cr) – El abogado constitucionalista, Fernando Zamora, cuestionó la legalidad del voto electrónico.
Esto a raíz de que para los comicios municipales del 4 de febrero de 2024, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pondrá en marcha un plan piloto de papeleta única electrónica.
Zamora explicó que “el artículo 169 del Código Electoral determina dos cosas, primero, que la forma de votar no puede variarse antes de seis meses de las elecciones. O sea, el plazo último para haberse publicado el reglamento sobre las modificaciones fecha la ley impide variar la forma de votación”.
“Además ese mismo artículo establece claramente que el reglamento sobre la forma de votar y cualquier modificación debe ser remitida a los partidos. En otras palabras, si la fecha última posible de publicación del reglamento era el 3 de agosto y la votación del acuerdo debía ser entonces, al menos en julio de este año, el reglamento elaborado debía ser entregado formalmente a los partidos y por supuesto antes de la fecha de publicación a la ciudadanía, que es el momento procesal en el que cualquier norma adquiere plena vigencia”, aseguró.
Según Zamora “si al 3 de agosto del 2023, este año, fecha última de posible publicación de los cambios, no se habían dado a conocer formalmente a los partidos esos cambios en el sistema de votación, y si al 3 de agosto no se había publicado la modificación, el cambio a un sistema de votación electrónica no es jurídicamente posible”.
“Pues bien, si revisamos del 3 de agosto del 2023 para atrás, no aparece publicada en el diario oficial La Gaceta la puesta en práctica de esta nueva modalidad electrónica, ni tampoco aparece información alguna a los partidos en el mes de julio o antes”, manifestó.
El abogado constitucionalista recalcó que “en este tema, el Tribunal Supremo de Elecciones es juez y parte, o sea, ellos mismos han sacado la licitación, el procedimiento del voto electrónico, todo lo que implica ello y en caso de cualquier recurso legal que pongamos los ciudadanos, ellos mismos resuelven”.
“Por lo que es necesario que el tribunal en aras de la transparencia, la justicia y su propia reputación debe de oficio detener por sí mismos esta votación electrónica tal y como formalmente se los solicité la semana pasada”, concluyó.
