San José, 30 ago (elmundo.cr) – De manera unánime, la Sala Constitucional por sentencia 2018-13363, declaró con lugar un recurso de amparo planteado en contra del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz de Pérez Zeledón y la Dirección General de Adaptación Social.
En el caso, varias personas privadas de libertad reclamaron que al pastor de su congregación evangélica no se le permitiera ingresar a ese centro penal recurrido, lo que consideraron contrario a su derecho a la libertad de culto.
Los Magistrados enfatizaron que el proceso de reinserción en la sociedad que idealmente debiera acompañar al privado de libertad durante el periodo de reclusión no se logra solo con medidas como la enseñanza de un oficio o la culminación de determinado programa de estudio, sino que un aspecto fundamental radica en el apoyo y crecimiento espiritual que se fomenta a través de la práctica religiosa, en la que la enseñanza e internalización de determinados valores positivos contribuye a que las personas privadas de libertad participen de estilos de conducción de sus vidas, que los alejan del delito.
Asimismo, la Sala observó que en el centro penal había disminuido la cantidad de grupos religiosos que podían ingresar a sus instalaciones. La Sala descartó una justificación válida para esa disminución y estableció el deber de la Administración de planificar y organizarse, a fin de brindar un servicio público continuo y eficiente
La Sala estuvo integrada por el magistrado Castillo Víquez, quien presidió, y los magistrados, Rueda Leal como ponente, Hernández López, Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez, Esquivel Rodríguez y Fernández Argüello.
