San José, 27 ene (elmundo.cr) – Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana, la Corte Plena del Poder Judicial acordó solicitar una nueva reunión al Ministerio de Hacienda.
El propósito es insistir en el giro de recursos ya aprobados por la Asamblea Legislativa para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Los fondos, que suman ₡8.688 millones, fueron incorporados al Presupuesto Ordinario 2026 del Poder Judicial. Estos recursos están destinados a financiar 176 plazas en el OIJ y 99 plazas en el Ministerio Público, incluyendo fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo.
A pesar de la aprobación legislativa, el Ministerio de Hacienda ha mantenido los fondos en estado de no ejecución. Esta situación, según el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, “genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, que afectan gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía”.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, ha advertido que la falta de personal limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales, aumentando el riesgo de prescripciones y retrasos en los juicios.
Michel Soto Rojas, director general en ejercicio del OIJ, señaló que las plazas aprobadas estaban orientadas a fortalecer sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como a reforzar la custodia de personas detenidas. “Estas sedes no constituyen simples puntos administrativos, sino zonas territoriales estratégicas altamente expuestas a dinámicas criminales complejas”, enfatizó.
El Ministerio de Hacienda, mediante oficio del 19 de enero firmado por el ministro Rudolf Lücke, reiteró su negativa a incorporar los recursos en la programación financiera del primer trimestre de 2026, argumentando que provienen de rebajas a la partida de intereses de la deuda pública.
Ante esta situación, la Corte Plena enfatizó la urgencia de girar los recursos. El Poder Judicial ha implementado acciones para agilizar procesos penales y reducir el rezago judicial. Sin embargo, “la seguridad de las y los costarricenses no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa”, concluyó la Corte.
