San José, 16 sep (elmundo.cr) – El Poder Judicial presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa su propuesta presupuestaria para el ejercicio económico 2026, la cual asciende a ₡532.837 millones, representando un incremento de tan solo el 0,2% en comparación con el 2025. Este monto equivale al 4,16% del presupuesto nacional de la República.
El presupuesto, que se apega a las disposiciones y límites del Ministerio de Hacienda, contempla los requerimientos mínimos para el funcionamiento institucional y no incluye la creación de nuevas plazas.
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, reafirmó el compromiso institucional con la eficiencia y la mejora continua, incluso en escenarios de restricción económica. “Somos un Poder Judicial autocrítico, que procura el cambio, la adaptación y la búsqueda de soluciones para una justicia más rápida y efectiva. Los resultados de estos esfuerzos ya están dando frutos”, señaló Aguirre Gómez.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial ha logrado avances significativos, como la reducción de 113.386 expedientes activos en los últimos 4 años, representando una disminución del 14,23%. Además, se ha incrementado la productividad, pasando de 537.727 expedientes resueltos en 2021 a 578.703 en 2024, con un crecimiento del 7,43%. La atención efectiva de expedientes también ha mejorado, con el 65,99% de los recibidos en 2024 ya atendidos.
Sin embargo, el presupuesto presentado deja fuera del financiamiento necesidades operativas importantes. Entre ellas, el fortalecimiento de despachos penales (1.335 plazas requeridas, costo estimado: ₡44.118 millones), la implementación de la reforma a la Ley 7594 (222 plazas requeridas, costo estimado: ₡9.876 millones), plazas de custodios para oficinas del OIJ (105 plazas requeridas, costo estimado: ₡2.579 millones), la creación de la Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas (146 plazas requeridas, costo estimado: ₡5.007 millones) y el reforzamiento de la Sala Constitucional (7 plazas requeridas, costo estimado: ₡414,9 millones).
“Con recursos limitados, producto de las políticas de Hacienda, el Poder Judicial ha maximizado esfuerzos para disminuir el rezago, ser más eficientes y rápidos; y continuar combatiendo la inseguridad, desde nuestras potestades”.
Magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.
“Pese a las restricciones presupuestarias existentes, el Ministerio Público realiza un esfuerzo sostenido para enfrentar el grave problema de seguridad que afecta al país, priorizando las investigaciones dirigidas contra los principales grupos criminales en las zonas de mayor conflictividad. Dichas acciones han permitido obtener resultados significativos y alcanzar condenas relevantes, sin descuidar la lucha constante contra la corrupción”.
Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez.
“El año anterior, la Asamblea Legislativa aprobó una cantidad significativa de plazas para el OIJ y la Fiscalía; sin embargo, el Ministerio de Hacienda no procedió con su ejecución ni asignó los correspondientes códigos presupuestarios. Hago un respetuoso llamado a la Asamblea Legislativa para que, en el presente ejercicio presupuestario, reincorpore dichas plazas”.
Director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga López.
“El presupuesto ha sido construido en equilibrio con los requerimientos y necesidades que posee el Poder Judicial. Desde la Defensa Pública, adquirimos el compromiso de invertir cada uno de estos recursos en la atención de las personas más vulnerables de este país”.
Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.
