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Poder Judicial destaca por su efectividad en informe de la OCDE

» El país lidera el acceso a mecanismos de resolución de conflictos, superando significativamente las medianas internacionales establecidas por el organismo.

San José, 17 nov (elmundo.cr) – El Poder Judicial de Costa Rica obtuvo resultados sobresalientes en el informe La justicia como servicio público 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual evalúa la capacidad de los sistemas judiciales para responder a las necesidades de la población.

Según el estudio, el 80% de las personas usuarias percibe efectividad en las resoluciones judiciales del país, una cifra que supera en 10 puntos porcentuales el promedio del informe (70%) y posiciona a Costa Rica en el octavo puesto entre las naciones evaluadas.

En cuanto a la percepción de justicia y equidad, el país alcanzó un 71%, ubicándose en la novena posición, un dato que sobrepasa ampliamente la mediana internacional del 40%.

Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, presentó los resultados y destacó que el informe reconoce las fortalezas del sistema costarricense. “Son resultados que interesa destacar porque reconocen las fortalezas en nuestro sistema de justicia”, manifestó la jerarca.

El estudio también posiciona a Costa Rica en el primer lugar entre los países de la OCDE evaluados en cuanto al acceso a mecanismos para resolver problemas legales, tales como juzgados, mediación y arbitraje. El 61% de las personas que enfrentaron una necesidad legal logró acceder a alguna vía de solución, superando la mediana de la OCDE que se sitúa en un 42%.

A pesar de los resultados positivos, Vargas fue enfática al señalar que “este informe favorable no significa que todo esté resuelto”. La presidenta reconoció que la institución enfrenta “desafíos importantes, especialmente en la reducción del rezago y en lograr procesos que sean más ágiles y más eficientes”.

La OCDE subraya en su informe la importancia de identificar los obstáculos que retrasan los procesos y facilitar que los ciudadanos encuentren el servicio judicial adecuado sin necesidad de desplazamientos institucionales repetitivos.

El estudio, que constituye la primera aplicación transversal del Marco de Medición de Sistemas de Justicia Centrados en las Personas, destaca que la valoración de la justicia no depende solo del resultado, sino de cómo se trata a las personas y la integridad del proceso.

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