San José, 26 may (elmundo.cr) – La Corte Plena del Poder Judicial aprobó este lunes 25 de mayo el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2027, ajustándose estrictamente a los límites de gasto establecidos por el Ministerio de Hacienda.
El anteproyecto, fijado en ₡530.183,17 millones, representa una disminución de ₡11.342,51 millones en comparación con el presupuesto del año 2026. Esta reducción, según detalló la institución, obliga a la entidad a operar bajo un esquema de austeridad que excluye la creación de plazas nuevas y limita la inversión a los requerimientos mínimos indispensables.
El magistrado presidente, Orlando Aguirre Gómez, reafirmó durante su exposición ante la Corte Plena el compromiso institucional con la eficiencia y la mejora continua, a pesar del complejo escenario de restricción económica que enfrenta el Poder Judicial.
Impacto en la operación
La estrechez presupuestaria tendrá repercusiones directas en servicios y proyectos clave. Entre las áreas afectadas destacan:
- Infraestructura: Recortes en construcción y mantenimiento.
- Flotilla: Política de “reemplazo cero” de vehículos, una situación crítica considerando que el 51% de la flota pertenece al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
- Tecnología: Limitaciones en la inversión para la innovación y ampliación de servicios digitales, esenciales para la atención de los usuarios.
- Seguridad: Restricciones en proyectos de seguridad institucional.
Necesidades sin financiamiento
El Poder Judicial detalló una lista de requerimientos urgentes que, debido a la falta de contenido presupuestario, no podrán ser atendidos. Entre ellos destacan el fortalecimiento de despachos penales (que requiere 1.399 plazas por un costo de ₡46.647 millones), la implementación de la reforma a la Ley 7594 sobre prueba anticipada en delitos sexuales, y la creación de la Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas.
Resultados en medio de la austeridad
A pesar de las limitaciones financieras, la institución destacó un balance positivo en su rendimiento durante el periodo 2021-2025. Según los datos oficiales, el Poder Judicial logró reducir en 62.932 el número de expedientes activos (un 7,84% menos) y aumentó su productividad en un 26,92%, resolviendo 144.774 casos adicionales en comparación con el quinquenio anterior.
Estos resultados han sido posibles, según la Corte, gracias a la implementación de modelos de monitoreo, el rediseño de procesos y un fuerte impulso a la transformación digital, estrategias que la institución busca mantener para mitigar el impacto de la actual restricción presupuestaria.
