San José, 1 nov (elmundo.cr) – La ausencia de una norma que permita imponer una sanción a los diputados cuando faltan a su deber de probidad, impidió que se pudiera tomar alguna decisión en el caso del congresista de Liberación Nacional, Gilberth Jiménez y el expediente que lo contenía, el 23.160 se archivó.
Jiménez fue sancionado por la Contraloría General de la República, que lo encontró responsable en grado de culpa, durante su mandato como alcalde de la Municipalidad de Desamparados y le impuso una suspensión, sin goce de salario, de 25 días naturales.
Ya con anterioridad el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), había declarado que no tenían los instrumentos legales para proceder a ejecutar la sanción impuesta a Jiménez cuando era alcalde.
Por su parte, el presidente del Directorio Legislativo, Rodrigo Arias, indicó que luego de estudiar los antecedentes y la normativa vigente sobre el régimen disciplinario que cubre a los diputados y diputadas se determinó que no existe un régimen disciplinario, responsabilidad o sanciones que se puedan aplicar a un congresista por acciones cometidas en el ejercicio de otros puestos.
Arias detalló que procedió a consultar a la Procuraduría General de la República sobre el proceder en esta materia y la respuesta fue que le corresponde al Plenario Legislativo resolver sobre el asunto.
La fracción del Frente Amplio lanzó al unísono duras críticas sobre la imposibilidad de sancionar a cualquiera de los congresistas e insistió en que, desde hace más de 12 años la Sala Constitucional los había instado a proceder a implementar esa legislación, lo que no han cumplido.
El jefe de la fracción, Jonathan Acuña, aseguró que votarían la propuesta hecha por el presidente Arias porque “no hay de otra”, porque así está el marco jurídico actual, pero insistió en que su agrupación tiene años de “empujar”, un expediente que regula el tema, pero que no avanza.
Por su parte la legisladora oficialista, Pilar Cisneros, cuestionó “qué corona” tienen los diputados para no ser sancionados cuando cometen faltas en su deber de probidad y agregó que su partido ingresó a la corriente legislativa un texto sustitutivo que consideran mucho más completo que el expediente 21.515, de autoría del Frente Amplio.
Cisneros indicó que en el mismo se incluye el procedimiento muy claro y sencillo que debe aplicar el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, para levantar las credenciales a un diputado de la República que cometa faltas graves.
Por su parte la parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, dijo que su fracción dará sus votos para que se pueda construir un proyecto de ley que llene los vacíos jurídicos en la sanción a los parlamentarios que fallen en su deber de probidad, pero hizo un llamado a sus compañeros a avanzar en otros aspectos de la agenda que son de gran relevancia, tomando en consideración que este era el último día de sesiones ordinarias.
A pesar de los esfuerzos de la legisladora, todo el tiempo disponible se consumió en la discusión de este expediente, por lo que fue imposible avanzar en la agenda construida en conjunto para el presente día.
