San José, 18 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes y Parlamentarios para la Acción Global (PGA), hacen un llamado a la Asamblea para que se apruebe el proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de su 15 aniversario.
El 1 de julio de 2002, entró en vigencia el Estatuto de Roma, y a partir de ese momento se inició el establecimiento del primer tribunal penal permanente para juzgar a las personas sospechosas de la comisión de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión o genocidio en el territorio de Estados parte o por nacionales de Estados parte.
Sin embargo, el Estatuto no estableció únicamente la CPI, sino que creó un sistema de justicia en el que los Estados conservan su obligación primaria de juzgar a los máximos responsables por los crímenes más graves.
La CPI solo ejerce su competencia si los Estados no quieren o no pueden juzgar esos actos. Asimismo, ese tribunal penal carece de una policía, por lo que depende de la cooperación de los Estados para ejercer su mandato. El proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa permite cumplir con ese compromiso.
A lo largo de sus 15 años, Costa Rica ha dejado una huella importante en la Corte, gracias a Elizabeth Odio Benito, quien fuera jueza en el primer proceso judicial de la CPI.
Asimismo, Bruno Stagno, ex Canciller de la República, fue Presidente de la Asamblea de Estados Parte, y el Embajador ante los Países Bajos, Sergio Ugalde, es su actual Vicepresidente.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, conduce investigaciones en 10 países, y en ella se han llevado a cabo 24 procesos judiciales complejos, que involucran crímenes atroces contra cientos de personas.
