San José, 28 abr (elmundo.cr) – Los pescadores artesanales de Puntarenas y Guanacaste solicitaron a los diputados abrir una comisión legislativa para investigar al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) por intentar “revivir” pesca de arrastre.
En el manifiesto enviado a los diputados indican que “la pesca de arrastre genera consecuencias negativas en el ámbito económico, social y ambiental. Deteriora los ecosistemas marinos, reduciéndose las pesquerías, principalmente las artesanales de las que dependen nuestras comunidades costeras para la subsistencia”.
Los pescadores de Puerto Níspero, Pochote, Puerto Thiel, Isla Chira, Copal, Puerto Jesús y Acoyapa, lamentan la decisión tomada por el Incopesca de iniciar con la investigación de arrastre, esto a pesar de los numerosos cuestionamientos relacionados a sus falencias técnicas y la insuficiencia científica para generar datos válidos y representativos de manera transparente.
“Se está ignorando la posición que Sala Constitucional mantuvo sobre este tema hace 10 años, cuando indicó que si el gobierno quisiera revivir la pesca de arrastre en el país, debería hacerlo mediante una reforma de ley que tuviera respaldo de estudios de tipo ambiental, social y económico que demostraran su sostenibilidad. Si debía necesidad de hacer el estudio, INCOPESCA pudo actuar de manera transparente y colaborativa y haber propuesto una investigación aceptable”, se lee en el manifiesto.
De igual manera solicitan que el presidente ejecutivo de Incopesca, Heiner Méndez, sea llamado a comparecer ante esta comisión, y le piden al presidente de la República, Rodrigo Chaves, ser coherente con su compromiso de campaña del uso eficiente de los recursos públicos.
“Considerando que los estudios de arrastre le cuestan al país 126.000.000 millones de colones que serán desperdiciados en estudios que no cuentan con una metodología ni sustento técnico y científico suficiente para garantizar la validez de sus resultados”, sostienen.
Finalmente les instan a los sectores comerciales costeros, turísticos, gobiernos locales de la zona, universidades y a las organizaciones sociales, a solidarizarse con esta petición y manifestarse en contra de la manera en la que se está ejecutando esta investigación.