Personas con antecedentes penales no reconocidos en Costa Rica podrán solicitar naturalización costarricense, asegura Hidalgo

San José, 13 nov (elmundo.cr) – La diputada del Partido Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, informó del dictamen del expediente 21511 adición de un inciso 4) al articulo 15 de la ley N°1155 ley de opciones y naturalizaciones.

Ante esto la legisladora explicó su voto afirmativo asegurando que “el proyecto pretendía negar la naturalización a cualquier persona que hubiese cometido un delito doloso o con penas de 3 años o más, en Costa Rica o el extranjero, se basaba en una interpretación que, a mi criterio y como expuse en la discusión del mismo, no es la adecuada”.

Pues para Hidalgo “el texto pretendía eliminar la opción de naturalización bajo estos criterios de forma definitiva, es decir: para siempre. Esto aunque la persona se haya insertado a la sociedad. Adicionalmente, no incluía ninguna consideración hacia las personas apátridas o refugiadas”.

No obstante la legisladora aclaró que “pudimos trabajar el texto y cambiarlo. Con los cambios realizados, hemos introducido mejoras al texto”, por ejemplo señalo:

1. Lo limitamos únicamente a delitos dolosos, tomando como parámetro para la restricción precisamente la existencia de la intención de la persona cometer el ilícito por el que fue juzgado.
2. Limitamos el tiempo por el que se le negaría a una persona la naturalización, homogenizándolo con el Artículo 70 de la Ley General de Migración y Extranjería, cuyo límite es de 10 años.
3. Agregamos que el delito cometido en el extranjero tenga que ser reconocido como tal en Costa Rica. Esto funciona para dejar de lado aquellos que se deban a fundamentalismos religiosos, por ejemplo, como los de adulterio en mujeres pakistaníes. Otro ejemplo son las condenas por violaciones a derechos patrimoniales, como las de “sacrificio ilegal de ganado vacuno” en Cuba, con el cual sancionan a las personas por sacrificar vacas de su propiedad sin el permiso previo del Estado; y otras.
3. Incluimos excepciones que protegen a las personas refugiadas y apátridas.

“Es por todos estos cambios y salvaguardas, consensuados entre esta comisión, que pudimos apoyar la propuesta”, concluyó.

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