San José, 12 jul (elmundo.cr) -Los funcionarios que estén a cargo de la planificación, ejecución, administración o supervisión de programas, proyectos, obras o servicios públicos así como compras de bienes públicos y facilite o permita el incremento injustificado de costos, gastos o erogaciones de cualquier tipo de recursos públicos será sancionado con cárcel.
La iniciativa se denomina: “Ley para penalizar el despilfarro de recursos públicos”, adicionaría un nuevo artículo 52 a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública
Para el 2017 el salario base será de ¢426.200, si el monto injustificado no excede 100 veces este monto, se expone de seis meses a dos años de cárcel, sin embargo, si llega a los 200 salarios base, la pena sería de uno a cuatro años de prisión y por encima de esta última cifra, correspondería una sanción de tres a siete años de cárcel.
Adicionalmente, en este último caso, se propone que el jefe de ese funcionario responda en la vía civil y que, además, tenga responsabilidad administrativa cuando se compruebe que incurrió en culpa por elegir a una persona que no rindió –cuando el puesto sea de elección discrecional– o por faltar al deber de vigilancia, en los términos dispuestos por los artículos 91 y 212 de la Ley General de la Administración Pública.
Mientras que los Tribunales de Justicia deberán individualizar las responsabilidades de los funcionarios públicos acusados, así como determinar la magnitud del daño y valorar las circunstancias en que se dio el incremento para demostrar lo que resulte injustificable para proceder en consecuencia.
“Estamos hartos de que en este país se despilfarren decenas de miles de millones ‘en chambonadas’, de que se malgaste el dinero del pueblo un día sí y otro también, y que no pase nada; que nadie responda por esos graves errores.” dijo el diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana (PADC), Mario Redondo, quien propone la iniciativa.
De acuerdo con Redondo esta reforma pretende obligar a la Administración Pública a realizar su gestión de forma ordenada y transparente, para que no se presenten aumentos en el gasto por errores, mala planificación, desidia o corrupción.
