San José, 23 de jun (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que rinda criterio jurídico sobre la legalidad de la actuación del presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre el incremento en los salarios de ministros y viceministros.
La congresista respalda su accionar en que dentro de sus funciones está la vigilancia permanente de la actividad del Poder Ejecutivo, en especial, y en general de los otros Poderes y órganos del Estado, con el fin de asegurar el correcto ejercicio del poder por parte de sus detentadores.
En el Diario Oficial La Gaceta N° 117, de hoy jueves 23 de junio de 2022, fue publicado el Decreto Ejecutivo N° 43585-H-PLAN-MTSS, en el que el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, otorga un ajuste al salario base de ministros y viceministros, de forma tal que el salario base se establece en ¢2.681.745 y ¢2.573.768, respectivamente.
Según el Ministerio de Hacienda, la relación deuda PIB del 2021 alcanzó el 68,19%1, dato que coincide con lo señalado por la Contraloría General de la República en su Memoria Anual 20212, al indicar que la deuda del Gobierno alcanzó un monto de ¢27,3 billones, equivalente a un 68,3% del PIB.
Para Ramírez, mientras subsista la condición de un nivel de endeudamiento igual o mayor al sesenta por ciento (60%) respecto del PIB, se prohíbe legalmente otorgar ajustes al salario base de todos los funcionarios y las funcionarias del sector público, sin excepción alguna. Por lo tanto, el Decreto Ejecutivo N° 43585-H-PLANMTSS podría resultar contrario a ley y fuera del bloque de legalidad.
“Preocupa enormemente que haya una afectación a la prestación de los servicios públicos si se realizan ajustes entre partidas de manera antojadiza a lo interno de cada Ministerio para asumir el costo del aumento al salario base de los jerarcas”, manifestó la congresista.
