San José, 13 jun (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez, exige la pronta entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional (No. 1.0008), comúnmente denominada Ley de Nómadas Digitales, aprobada desde el 1 de setiembre de 2021, pero que no ha entrado a regir plenamente por falta de regulaciones.
En una nota enviada a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, la diputada Ramírez le recordó que la Ley le estableció un plazo de dos meses al Poder Ejecutivo para que se procediera a la reglamentación, lo cual resulta de trascendental importancia para su plena vigencia.
“Como es sabido, la anterior Administración incumplió ese plazo y diversos sectores han externado serias preocupaciones sobre el borrador del reglamento que les fue enviado a consulta. Este resultaba inoperante y hacía que la Ley No. 10008 no tuviera la verdadera eficacia para la que se aprobó por parte de los diputados y diputadas del anterior período”, manifestó Ramírez.
La legisladora le consultó a la jerarca de Presidencia sobre la etapa en que se encuentra la consulta al Reglamento de la Ley No. 10008 y cuándo se estará firmando y publicando el mismo.
“Queremos saber también si se han atendido las preocupaciones de los diversos sectores, especialmente de la Cámara Nacional de Turismo con respecto a este reglamento y de qué manera se habrían subsanado las preocupaciones”, agregó.
La diputada de Liberación Nacional también señaló sobre las modificaciones que se introdujeron para que el reglamento no se convierta en algo sumamente restrictivo que imposibilite más bien la llegada de trabajadores o prestadores remotos de servicios de carácter internacional.
Además de pedirle la última versión en consulta, le solicita a la Ministra interceder “para que muy pronto se cuente con este reglamento y que se puedan solventar todas las preocupaciones que se hayan externado sobre el reglamento”.
“Le he externado mi malestar por la transgresión del plazo establecido para la reglamentación de esta ley, la demora en la plena puesta en ejecución de una normativa que favorece la reactivación económica y la lentitud con la que se ha tramitado el tema”, concluyó Ramírez.
