San José, 20 oct (elmundo.cr) – La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, destacó la importancia de la incorporación de las normas de ejecución, previo al dictamen del Presupuesto Ordinario de la República para el 2023.
La legisladora informó que en el proyecto de presupuesto se incorpora seis normas de ejecución del presupuesto, que son tradicionales y han sido recurrentes por quinto año consecutivo.
Asimismo “se incorporaron 14 reglas adicionales para controlar la gestión del gasto y para obligar a una mayor transparencia en el manejo de los recursos”, de acuerdo con Ramírez.
La diputada resaltó también “el consenso logrado para incorporar estas importantes normas que generan un ahorro importantísimo para el país. No solo han tenido un fin de carácter contable, sino principalmente, una búsqueda del cumplimiento del equilibrio financiero de la administración financiera. Claramente han ayudado a dar contención al gasto en materias tan diversas como la forma de uso de los recursos y los movimientos presupuestarios de las plazas”.
Según datos del Departamento de Análisis Presupuestario, de la Asamblea Legislativa (Informe AL-DAPR—INF-004-2022), en total las normas presupuestarias contenidas en el Presupuesto Ordinario del 2021 generaron ahorros por ¢174.578 millones.
Una de las cláusulas incorporadas es la obligatoriedad para que los montos generados por subejecución de recursos (remanentes) no puedan ser utilizados en otras subpartidas con el fin de evitar los colchones presupuestarios.
Durante el 2023, y por primera vez, el Ministerio de Hacienda deberá revisar trimestralmente las estimaciones de recaudación de Ingresos Corrientes, y ajustar el presupuesto con base en dicho ajuste. Esto busca más claridad y transparencia en torno a los ingresos efectivos que están ingresando al Gobierno y su asignación presupuestaria para bajar la dependencia del endeudamiento.
La liberacionista considera que la norma 10 es clave en el manejo de las plazas vacantes de forma efectiva. Prohíbe crear nuevas plazas e impide utilizar las que se abrieron antes 2023, en ambos casos excepto por autorización de la Autoridad Presupuestaria previa evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo. Obliga a utilizar durante el primer semestre 2023, todos los puestos vacantes antes de ese año, de lo contrario en el II semestre del 2023, los montos presupuestarios para ellos deben ser rebajados, eliminando en la misma proporción el monto de Deuda Interna.
Eso sí, la norma excluye expresamente de su aplicación, es decir, pueden crear plazas y utilizarlas sin estas restricciones: el Ministerio de Educación Pública respecto de los maestros y profesores; todos los cuerpos policiales cubiertos por la Ley General de Policía; los funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas y las plazas excluidas del régimen del Servicio Civil.
Con la norma 12 se obliga a las instituciones del Gobierno para que en el I trimestre 2023 hagan una evaluación de costo-beneficio de los alquileres de edificios, locales y terrenos, e informar a la Autoridad Presupuestaria para valorar opciones para reducir los alquileres. Además le exige a los jerarcas renegociar contratos para bajar el costo y prohíbe los aumentos en los alquileres.
En esa misma línea, la norma 13 le exige al Ministerio de Hacienda informar a la Asamblea Legislativa sobre la valoración de los alquileres de la norma 12, antes de finalizar el I semestre 2023 sobre: cantidad de contratos, moneda, fecha y fecha de finalización. Además, el monto del alquiler, pagos mensuales, si tienen o no cláusulas de renovación automática y de penalización. Igualmente deben informar sobre los análisis técnicos que fundamentaron la contratación de los alquileres; alternativas de solución y contratos de alquiler con opción de compra.
La norma 15 exige buscar entre los funcionarios del sector público a especialistas para evitar la contratación de las denominadas consultorías (gastos por servicios de gestión y apoyo) y solo por inopia se podrán utilizar las subcontrataciones. Las renovaciones de contratos existentes durante el 2023, queda sujeto a un estudio costo–beneficio sobre el servicio recibido.