San José, 18 nov (elmundo.cr) – El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) manifestó su rotunda oposición a la instalación de un relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela, proyecto promovido por la empresa EBI bajo el nombre de «Parque de Tecnología Ambiental», y expresó su solidaridad con las comunidades que llevan más de una década defendiendo su territorio.
A través del manifiesto «¡Turrúcares no está sola!», la organización rechazó categóricamente que el Gobierno condicione inversiones públicas en infraestructura, educación y salud a la aceptación de este proyecto por parte de la Municipalidad de Alajuela.
«Las necesidades de la población no pueden utilizarse como mecanismos de presión para favorecer intereses empresariales», advirtió el PCA.
Esta postura se suma a las críticas recientes de diversos sectores políticos y sociales, quienes han denunciado que el Ejecutivo ha supeditado el desarrollo del distrito a que el gobierno local desista de sus procesos judiciales contra la empresa.
El Parlamento sostuvo que el conflicto en Turrúcares evidencia las fallas de un modelo nacional obsoleto, centrado exclusivamente en «recolectar, transportar y enterrar residuos». Según la organización, trasladar los impactos ambientales de un territorio a otro no es una solución sostenible para el país.
Ante este panorama, el PCA instó a las autoridades a implementar una gestión integral de residuos basada en la Ley N.º 8839, la cual prioriza la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de desechos, en lugar de la disposición final en rellenos.
La propuesta del PCA incluye:
- Fortalecimiento de centros de recuperación de materiales.
- Aprovechamiento de residuos orgánicos mediante compostaje.
- Evaluación de tecnologías apropiadas para desechos no valorizables, bajo estrictos controles ambientales.
- Separación en origen y recolección municipal diferenciada.
«Costa Rica no necesita más comunidades sacrificadas por nuestros residuos. Necesita un nuevo modelo para gestionarlos», concluyó el manifiesto, exigiendo además el respeto a la autonomía municipal y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial.