San José, 16 jun (elmundo.cr) – El jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, señaló que “es urgente prevenir la consolidación de gobiernos populistas que amparados falsamente en la voluntad del pueblo ejercen el poder sin límites, con arbitrariedades alejados del principio de legalidad”.
Pacheco manifestó que “no podemos permitir que quienes son electos para servir terminen sirviéndose del estado. Nosotros como diputados debemos establecer mecanismos de control eficaces para que ningún funcionario se sienta por encima de la ley”.
El legislador presentó el proyecto 25.047, que es una reforma el artículo 90 del Código Penal, que establece la improcedencia del indulto para quienes hayan cometido delitos contra los deberes de la función pública y aquellos establecidos en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
“Esta iniciativa que presentamos el día de hoy busca enviar un mensaje claro que en Costa Rica el que las hace la paga. Quien defraude al Estado, quien use su cargo para enriquecerse ilícitamente, quien atente contra el interés público, no podrá beneficiarse del indulto”, agregó.
Pacheco aclaró que “hablamos de delitos como el cohecho, la corrupción agravada, el peculado, el prevaricato, el tráfico de influencias, el soborno transnacional, el sobreprecio irregular, la apropiación de bienes estatales y muchos otros que laceran profundamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.
“Limitar el indulto en estos casos no es un acto de venganza, es un acto de justicia. Es devolverle al pueblo costarricense la certeza de que sus gobernantes no gozan de privilegios sino de responsabilidades”, aseguró.
El socialcristiano recalcó que “Costa Rica merece instituciones fuertes, confiables y transparentes y esta forma legal, esta reforma legal es un paso firme en esa dirección. La ética pública y el respeto al marco legal debe prevalecer por encima de cualquier interés particular o interés político. No puede ni debe ser un escape para quienes han violentado la función pública, traicionando la confianza del pueblo costarricense”.
“Esta figura que nació como una excepción no puede convertirse en un mecanismo de impunidad para los corruptos. No podemos seguir permitiendo que quienes han cometido delitos contra la función pública o contra la hacienda pública, amparados en su cargo, evadan la responsabilidad penal simplemente por ocupar un espacio de poder y mucho menos no podemos permitir que el presidente indulte a su red de cuido”, concluyó.
