San José, 3 may (elmundo.cr) – El acuerdo suscrito entre el Frente Amplio y un bloque de diputados del Partido Acción Ciudadana, así como la diputada independiente Carmen Quesada salió a la luz.
Ambos partidos se unieron para intentar ganarle el pulso a la denominada Alianza Opositora el pasado 1 de mayo y aunque no lo lograron, la agenda conjunta que acordaron impulsar toca el tema de los ingresos y los gastos del Estado.
La agenda incluye proyectos para luchar contra el fraude fiscal, la evasión y la elusión de impuestos, así como la creación o reforma de los tributos. Inclusive se encuentra en la lista iniciativas para levantar el velo de la personería jurídica, la Ley de salario mínimo vital y el tope a los intereses en las tarjetas de crédito.
“La reforma fiscal debe poner énfasis en aumentar los ingresos tributarios del Gobierno central, aunque no debe omitirse la necesidad de implementar medidas necesarias del lado del gasto público”, dice el acuerdo suscrito por 19 diputados.
Los oficialistas plantean para aprobar el impuesto sobre la renta que este defina un impuesto sobre la renta mundial, que se establezca el impuesto sobre las ganancias de capital, que las grandes herencias formen parte de la base gravable e introduciendo tarifas mayores sobre el impuesto a las utilidades, a las entidades financieras.
El pacto del PAC y el Frente Amplio también establece la eliminación de exoneraciones para las Zonas Francas, excluir los fondos de cesantía de los trabajadores de la aplicación de ese impuesto y establecer porcentajes menores de renta para las MIPYMES.
En el caso del IVA, los legisladores acordaron que el porcentaje del mismo no supere el 13% y queden exentos de su aplicación los productos y servicios básicos, incluyendo la salud y la educación.
Asimismo que el proyecto establezca el IVA-personalizado y que se incluyan tarifas mayores para los bienes de lujo o productos que perjudican la salud humana.
EN CONTRA DE RECORTES AL GASTO PÚBLICO
El acuerdo estipula que ambos partidos y la independiente Quesada Santamaría se opondrán a la vía rápida a proyectos de Ley que pretenden recortar el gasto público.
Justamente la Alianza Opositora desarrolló su agenda en torno a proyectos de este tipo, a los que le anunciaron la presentación de una moción 208 bis con el propósito de establecer tiempos máximos para la tramitación, discusión y votación de las iniciativas.
“Nos oponemos al recorte irresponsable utilizado como medio para hacer frente al déficit fiscal. El recorte indiscriminado del Presupuesto de la República afecta directamente a los principales programas sociales, a la educación pública y a la inversión en infraestructura. El recortismo solo limita el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos por parte del Gobierno, erosionado la eficacia de los programas de combate a la pobreza y la desigualdad, así como la educación pública, principal generador de movilidad social ascendente”, dice el acuerdo.
“Nos oponemos a cualquier medida que elimine o menoscabe derechos laborales de los trabajadores del sector público, que han sido justificados como un medio para hacer frente al problema de la situación deficitaria de las finanzas del Gobierno Central”, agregan.
El PAC y el FA acordaron oponerse rotundamente a los proyectos 19.156 “Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública”; el 19.431 “Ley de empleo público”; el 19.506 “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público” y el 19.923 denominado “Ley para racionalizar el gasto público”.
Del PAC firmaron el acuerdo la actual jefe de fracción, Laura Garro, el diputado Franklin Corella Vargas, Marvin Atencio Delgado, Emilia Molina Cruz, Nidia Jiménez Vasquez, Marco Vinicio Redondo Quirós, Victor Morales Zapata, Henry Mora, Javier Cambronero y Marcela Guerrero.
Por el Frente Amplio firmaron todos los diputados, incluido Carlos Hernandez Álvarez, a excepción de la legisladora Ligia Fallas.
