San José, 7 mar (elmundo.cr)- En el año 2017 el Consejo de Transporte Público (CTP) contrató a Radiográfica Costarricense S.A (Racsa) para que estos brindarán Tecnologías de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para el monitoreo de 1700 unidades de transporte público en el Gran Área Metropolitana.
Dicha contratación se da por el plazo de dos años, prorrogable a dos años más, para un total de cuatro años.
De acuerdo con Abarca, el monto total de esa contratación fue de un $1 291 000 dólares, que representado al valor del mercado en ese momento, representaría entre un 98% y un 144% de más con respecto a contrataciones similares.
En caso de prorrogarse por dos años más el monto total alcanzaría los $2582 640 dólares.
“No podemos seguir permitiendo que empresas que no cuentan con la experiencia y que obligan a los costarricense a pagar de más, oferten en contrataciones para las cuales no tienen la capacidad” detalló Abarca Mora.
Anteriormente el legislador había denunciado otros abusos en el artículo 2 de contratación administrativa en instituciones como la misma Racsa, Ministerio de Hacienda y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Asimismo había presentado un proyecto de ley 21.014, que vendría a acabar con estas prácticas de contratación entre entes de derecho público y que le solicita al Poder Ejecutivo su convocatoria.
