San José, 26 mar (elmundo.cr) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, le recordó a la presidenta electa, Laura Fernández, que no fue la Corte la que eligió al exmagistrado Celso Gamboa, primer costarricense extraditado a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.
Aguirre señaló que “el Poder Judicial es un actor clave en la lucha contra la criminalidad. La labor del Organismo de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público y con la autorización de jueces y juezas, permite, prácticamente a diario, desarrollar operativos y allanamientos que contribuyen a contener la delincuencia”.
“Todos los días hay detenciones y sentencias condenatorias, y de manera constante se desarticulan estructuras criminales. Esa es una realidad que no se puede negar ni dejar de reconocer”, sostuvo.
Además, recalcó que “en nuestra institución existe un compromiso claro de todas y todos por construir un país más seguro, pero también por hacerlo de la manera correcta: con apego a la ley, respeto al debido proceso y garantía del Estado de Derecho”.
Aguirre aclaró que “la Corte no eligió a Celso Gamboa. La designación de magistradas y magistrados en propiedad no corresponde al Poder Judicial, sino exclusivamente a la Asamblea Legislativa, órgano constitucional encargado de llevar adelante los procesos de selección y nombramiento”.
“Lo que si hizo la Corte fue solicitar oportunamente al Congreso la destitución de Gamboa, una vez que fue vinculado con actos irregulares. Asimismo, es importante destacar las múltiples acciones que se han fortalecido para prevenir la infiltración de personas vinculadas al narcotráfico en nuestra institución”, manifestó el magistrado.
Aguirre reiteró que “el Poder Judicial está al servicio de la ciudadanía y dispuesto a sostener un diálogo serio, franco y respetuoso de las competencias constitucionales, orientado a mejorar la respuesta institucional frente a las demandas del país”.
“Costa Rica necesita instituciones capaces de escucharse, comprenderse y cooperar con responsabilidad, sin debilitar los equilibrios que sostienen el Estado de Derecho. Ese es el compromiso que mantenemos: fortalecer la confianza pública y contribuir, desde nuestra función constitucional, a soluciones sostenibles para la sociedad”, concluyó.
