San José, 30 may (elmundo.cr) – A casi tres décadas de la entrada en vigor de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, múltiples organizaciones de derechos humanos lanzaron este martes un pronunciamiento urgente, denunciando lo que califican como un “ataque sistemático” del Estado costarricense que perpetúa la pobreza, la desigualdad y la exclusión de más de 676 mil personas con discapacidad en el país.
El pronunciamiento, divulgado en el marco del 29° aniversario de la emblemática ley, detalla una serie de retrocesos institucionales que comprometen seriamente el ejercicio pleno de los derechos de esta población.
Retrocesos señalados
Entre las principales denuncias se encuentra el debilitamiento del servicio de asistencia personal, con reducciones arbitrarias de horas sin consulta previa a las personas beneficiarias, demoras en los pagos que amenazan la continuidad del servicio y cambios en los planes de formación sin enfoque en derechos humanos.
También se denunció la reducción de subsidios económicos esenciales, como los destinados a la compra de pañales y otros insumos básicos, dentro del Programa Pobreza y Discapacidad.
“No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Cada recorte, cada omisión, tiene consecuencias reales y dolorosas para quienes ya enfrentamos múltiples barreras en el día a día”, señaló una de las firmantes del pronunciamiento.
Otras preocupaciones
El texto también cuestiona la falta de autonomía del Foro Consultivo de Personas con Discapacidad frente al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), una situación que —según advierten— ha sido señalada incluso por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, alertan sobre el atraso en la asignación de citas: solo en la región del Pacífico Central, más de 1100 personas en condición de pobreza extrema siguen sin ser atendidas, impidiéndoles acceder a programas de apoyo estatal.
La Sala Constitucional también fue objeto de crítica, por fallar sistemáticamente en contra de las personas con discapacidad sin aplicar el enfoque de derechos humanos requerido por tratados internacionales.
Por último, denunciaron que muchos proyectos legislativos carecen de consulta previa y de pertinencia, al igual que la inacción de gobiernos locales que no destinan recursos para mejorar la accesibilidad urbana.
Exigencias
Ante este panorama, el pronunciamiento cierra con una exigencia firme al Estado costarricense: garantizar los derechos y la participación plena de las personas con discapacidad.
“No somos pocos, ni moneda de canje electoral. Somos personas con dignidad que merecen condiciones para desarrollarse plenamente. El Estado no puede seguir ignorando nuestra existencia”, concluyen.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Desarrollo Humano ni el CONAPDIS se habían pronunciado oficialmente sobre las denuncias contenidas en el documento.
