San José, 9 nov (elmundo.cr) – La diputada del Liberal Progresista, Johana Obando, criticó la manipulación, el amedrentamiento y control por parte del Gobierno contra funcionarios de la Junta de Protección Social (JPS), que se resisten a acatar directrices que violentan los principios de legalidad.
Esto luego que en la Comisión Investigadora del Sinart, la exgerenta de la JPS, Marilyn Solano, reveló haber recibido presiones y amenazas de parte de la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, para que la institución otorgara un contrato de ¢2.300 millones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para el manejo de la pauta publicitaria.
Obando señala que en el audio Britton “abiertamente dice van a rodar cabezas desde la mía hacia abajo, porque lo de Sinart tiene que salir sí o sí”.
“Reitero mi posición, las instituciones públicas respaldadas por las contribuciones del pueblo costarricense no son un instrumento político”, sostuvo la diputada.
La legisladora insistió que las instituciones no son instrumento político “de ningún gobierno de turno, llámese como se llame, no deben ser gestionadas según los caprichos de intereses políticos personales”.
“Se está utilizando el dinero del pueblo de Costa Rica para satisfacer intereses egoístas, sin considerar las consecuencias para los ciudadanos afectados por estas decisiones arbitrarias”, aseguró.
Obando explicó que “es fundamental comprender que los cuestionamientos desde el Partido Liberal Progresista están motivados por la defensa de todas aquellas poblaciones vulnerables, que tanto ahora como en el futuro se verán afectadas por la falta de responsabilidad y ética en la administración pública”.
“No es aceptable que la ayuda destinada a pacientes de cuidados paliativos y sus familias proporcionadas por la Junta de Protección Social esté en riesgo debido a decisiones caprichosas de un gobierno de turno. No es justo que los funcionarios que respetan los procesos, reglamentos y leyes pierdan sus empleos por negarse a obedecer directrices que van en contra de sus principios profesionales y personales, como lo que se está viviendo hoy en la Junta de Protección Social”, sostuvo.
Obando recalcó que “el personal tiene miedo. En este breve tiempo hemos sido testigos de graves irregularidades y favoritismos políticos en las contrataciones públicas y Sinart es un claro ejemplo de cómo no se debe administrar una institución”.
“Es inaceptable e indefendible que una agencia de publicidad como la de Sinart ofrezca servicios poco eficientes que luego deben ser tercerizados para cumplir con los contratos debido a la falta de capacidad para poder brindarlos”, lamentó.
La legisladora comentó que “mi objetivo hoy es destacar lo deshonroso que resulta que el Gobierno y la presidenta de la Junta de Protección Social, doña Esmeralda Brito, pongan en juego la ayuda que se brinda a más de 45 organizaciones de bienestar social, estas dependen mensualmente de esos recursos y todo esto a pesar de saber que trasladar el programa de la Rueda de la Fortuna causaría un colapso en la audiencia y en los recursos que reciben”.
“Así es como empieza la muerte de la democracia, limitando la libertad de prensa y la libertad de expresión, y como país democrático no podemos permitirlo”, concluyó.