El Banco central sería la entidad encargada de llevar el registro de accionistas de las empresas que operen en el país, como parte de las medidas para evitar el fraude fiscal.
Así lo establece una moción de texto sustitutivo aprobada por los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios al expediente 19245, Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
El texto original establecía que el Ministerio de Hacienda sería el ente encargado de llevar dicho registro, pero diputados de varias fracciones entre ellos Otto Guevara Guth, cuestionaban dicha disposición.
El congresista del Movimiento Libertario sostiene que la medida atenta contra la seguridad de las empresas y las coloca en una situación de vulnerabilidad, por lo que ha presentado una gran cantidad de mociones en contra del proyecto.
Con respecto al nuevo texto aseguró que aunque se eliminaron algunas de las disposiciones que su fracción adversaba, añadió que mantiene dudas respecto a otras.
La presidenta de la comisión, la legisladora socialcristiana, Rosibel Ramos Madrigal justificó su voto en contra del nuevo texto asegurando que desconocía sus contenidos.
En todo caso dijo la congresista espera que la nueva versión asegure la protección de datos que es la principal preocupación de su fracción con respecto lo proyecto.
“Estamos cerca de consensuar una vía rápida entre diferentes fracciones a este proyecto, para que sea una realidad lo más pronto posible, y con ello dar a Costa Rica una poderosa herramienta de transparencia y control fiscal, acorde con los más altos estándares y mejores prácticas internacionales”, acotó la verdiblanca Paulina Ramírez Portuguez.
Los verdiblancos indicaron que lo más importante a destacar de este nuevo texto es la creación del registro de accionistas, que estará ubicado en el Banco Central, con restricciones duras en cuanto al acceso a la información y con el establecimiento de penalizaciones contundentes, en el caso de que se viole la confidencialidad.
“Se mantienen las normas de sanción penal para quienes actúen en perjuicio del fisco, utilizando modelos debidamente establecidos como delitos penales para que puedan ser cubiertas por las leyes de nuestro país, en concreto es un proyecto con un texto depurado trabajado colectivamente y que nos pone en ruta cierta a su votación definitiva en un plazo perentorio, que deberá definirse en el plazo del 208 bis”, dijo Rolando González Ulloa.
El texto sustitutivo iniciaría hoy un proceso para que se vote mediante un trámite de fácil tramitación en el plenario legislativo.
