San José, 05 may (elmundo.cr) – La reciente aprobación de una ley que obliga a los bancos a responder por fraudes electrónicos podría tener un impacto en el costo del crédito y los servicios bancarios, según advierte Malberth Cerdas Herrera, docente de Administración de Negocios y Economía de Universidad Fidélitas.
Cerdas Herrera señala que, si bien la normativa busca proteger a los consumidores frente al aumento de delitos digitales, también introduce nuevos riesgos operativos y legales para las entidades financieras.
“El objetivo de proteger a los usuarios del sistema financiero es válido y necesario. Sin embargo, desde el punto de vista económico, toda regulación que introduce nuevas responsabilidades también introduce nuevos costos y esos costos suelen trasladarse al mercado”, explicó.
La ley establece que los bancos deberán responder por el dinero sustraído de las cuentas de sus clientes mediante fraudes electrónicos, incluso cuando el delito haya sido cometido por terceros. Además, modifica la carga de la prueba, siendo ahora los bancos quienes deben demostrar que actuaron correctamente ante un reclamo por estafa.
Para el economista, esta modificación cambia de manera significativa el marco de responsabilidad en el sistema financiero. “Si los bancos pasan a asumir la responsabilidad por pérdidas ocasionadas por hackers, suplantaciones de identidad o engaños tecnológicos, en cierta forma empiezan a parecerse más a aseguradoras de fraude digital que a simples intermediarios financieros”, señaló.
Ante este nuevo escenario, las entidades podrían verse obligadas a fortalecer sus sistemas de prevención, invertir más en tecnología de seguridad, aumentar reservas para eventuales reclamaciones e incluso contratar seguros especializados contra fraude electrónico. Todas estas medidas implican mayores costos de operación.
“La experiencia internacional muestra que cuando aumentan los costos regulatorios o los riesgos legales para los bancos, estos tienden a ajustarse de tres formas, ya sea, aumentando tasas de interés en los créditos, elevando comisiones o restringiendo la oferta de ciertos productos financieros”, indicó Cerdas.
El especialista considera que el debate público sobre esta ley debe analizar sus efectos económicos a mediano plazo. “Es posible que una parte de esos nuevos costos termine siendo asumida por los propios usuarios del sistema financiero, ya sea a través de servicios más caros o de condiciones de crédito más estrictas”, explicó.
Cerdas propone complementar la regulación con mecanismos que distribuyan mejor los riesgos, como la creación de un protocolo nacional de prevención y respuesta ante fraudes electrónicos, o un fondo de compensación financiado por el sistema financiero.
Además, subraya la importancia de la educación financiera y digital de los usuarios. “Hoy muchos fraudes no ocurren por fallas tecnológicas, sino por manipulación psicológica o ingeniería social. Por eso la prevención y la educación del usuario son tan importantes como la regulación”, afirmó.
A juicio del académico, el reto es encontrar un equilibrio entre proteger a los clientes y mantener la sostenibilidad del sistema financiero. “Una regulación bien diseñada debe reducir los incentivos al fraude y fortalecer la seguridad para los usuarios, pero también debe cuidar que los costos no terminen alejando a las personas del crédito y de los servicios financieros formales”, concluyó.
