Nicolás presenta proyecto para gravar la riqueza a grandes capitales

San José, 29 jul (elmundo.cr) – La diputada liberacionista Franggi Nicolás presentó un proyecto de ley para gravar la riqueza a los grandes capitales acumulados de las empresas y personas con más recursos del país.

Esto mediante un impuesto solidario de un 1% sobre el valor de su capital reportado en su última declaración de la renta ante la Administración Tributaria.

Este impuesto aplicará sobre el conjunto de activos, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes intangibles, financieros y fideicomisos que posean las empresas y personas más acaudaladas del país.

Nicolás comentó que “llegó el momento para que los que tienen más riqueza y acumulan más capital, se solidaricen con Costa Rica contribuyendo al país con un impuesto a los grandes capitales, para hacerle frente a esta pandemia”.

“El señor presidente de la República permanentemente insiste en que todos debemos aportar para salir de la crisis financiera que estamos viviendo; sin embargo, todas sus acciones han sido dirigidas a recargarle el costo de esta pandemia solamente en los hombros de la clase media, la clase trabajadora y los más desprotegidos, sin tocar ni pedirle ningún sacrificio ni aporte a las personas más ricas que han acumulado muchísimo dinero y que bien podrían estar aportando un impuesto solidario sobre su inmenso capital”, aseguró.

Nicolás señaló que “ante el momento crucial y de calamidad en que se encuentra nuestro país y el estado de desastre nacional en que ya estaba nuestra economía y que se ha acentuado por la pandemia del COVID-19, es ineludible que busquemos medidas excepcionales, que permitan generar los recursos necesarios para combatir la situación de crisis que hoy pone a nuestra economía en estado de coma”.

“Para ello es indispensable promover que los sectores más fuertes y acaudalados de nuestra economía, que acuñan grandes fortunas y grandes capitales, hagan un esfuerzo extraordinario, para que tributen consecuentemente y así logren aportar solidariamente al resto de la sociedad, teniéndole la mano a aquéllos sectores vulnerables que hoy se encuentran con los pies al borde del precipicio”, agregó.

Este impuesto se utilizará para varios fines como: el pago de la deuda interna y externa del país, a abonar a la deuda que tiene el Estado con la CCSS, a programas de vivienda, ayudas comunales y de desarrollo municipal, al programa de “Bono Proteger” y a programas de movilidad laboral voluntaria y pensión anticipada voluntaria para funcionarios públicos, dirigido a disminuir las planillas públicas, al desarrollo de infraestructura pública que permita mejorar la competitividad del país y a poner en marcha prestamos de salvamento que le permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas, capital de trabajo para reiniciar sus negocios.

La legisladora comentó que “hemos llegado a un punto en el que todos, de conformidad con nuestras capacidades y riqueza acumulada, debemos aportar para salir adelante como país”.

“No cabe duda que grandes mayorías y diversos sectores entienden y atenderán el llamado a aportar si su propósito es reactivar la economía, superar la pandemia, reducir la pobreza y las desigualdades de nuestro país, pero también es claro que este llamado para que sea justo y potable a la sociedad no puede ni debe excluir a quienes han acumulado más riqueza, que además deberían ser los llamados a aportar un mayor esfuerzo en comparación con la capacidades de otros ciudadanos”, apuntó.

La iniciativa pretende gravar por una única vez, con ese 1% a personas físicas declarantes que tengan activos por más de $2.5 millones. Igualmente, para las personas jurídicas y fideicomisos declarantes con activos a partir de $5 millones. Además, para grupos empresariales donde la sumatoria del valor de sus activos exceda los $5 millones.

Dicho gravamen aplicaría también para las personas físicas que no sean declarantes pero que la suma de su patrimonio sea superior a $2.5 millones; y las personas jurídicas que no sean declarantes pero que la suma de su patrimonio sea superior a los $5 millones.

Para la diputada “el impacto de esta crisis durará años y lamentablemente empujará a centenares de personas a la pobreza, cientos de personas más perderán sus empleos a medida que cierren las empresas, algunas de forma permanente, sumado al posible colapso hospitalario”.

“Todo este escenario es un doloroso recordatorio de que es insoslayable que el país encuentre una ruta de reconstrucción y consolidación de nuestras finanzas públicas, que permita recaudar más fondos para ayudar a soportar los duros goles que ya está recibiendo nuestra economía, para ello debemos de actuar con responsabilidad y solidaridad, y pedir la contribución de todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente de aquellos que más tienen”, añadió.

La iniciativa de ley exceptúa del cobro de este impuesto a organizaciones de economía social solidaria. Igualmente, las empresas u organizaciones podrán ver disminuida esta tarifa, por su número de propietarios y trabajadores directos, si llevan a cabo inversión en proyectos afines al medio ambiente y de responsabilidad social que afecten positivamente a la comunidad o al territorio donde ejercen sus actividades.

“Esta iniciativa va en consonancia con esfuerzos que ya se hicieron o se están haciendo en otros países como Chile, Argentina, México, Brasil, Perú y otros de la Unión Europea y de la misma manera atiende el llamado del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual durante esta época de crisis mundial provocado por la pandemia, ha pedido que las empresas y personas más pudientes, que se han beneficiado de las tendencias globales del pasado o se han visto menos afectados por los recientes acontecimientos del coronavirus, paguen más impuestos sobre su capital, para mitigar la desigualdad y debacle económico que en estos momentos está sufriendo la humanidad”, concluyó.

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