San José, 1 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes considera que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no debe postergar aún más la implementación de la sectorización del transporte público de la mano con el desarrollo de un sistema de pago electrónico.
Esto ante las condiciones de vialidad que enfrentan los habitantes del país, a quienes se les ha duplicado los tiempos de viaje para llegar a su destino, especialmente cuando se trata del servicio de autobús.
Al ente defensor le preocupa la inercia del MOPT y del Consejo de Transporte Público (CTP), para brindar a la ciudadanía verdaderas soluciones en estos temas; pese al aporte que el transporte público realiza a la economía del país y a la calidad de vida de los habitantes.
En razón de lo anterior, la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, pidió al jerarca del MOPT, Carlos Villalta, un informe detallado sobre los avances realizados para que la sectorización del transporte público y la implementación del sistema de pago electrónico sean una realidad.
Con respecto a la implementación del sector de Desamparados, la Defensora de los Habitantes solicitó entre otros aspectos: estudios técnicos que sirven de respaldo al proyecto, y estudios de demanda de las empresas involucradas e información sobre si se reduce el tamaño de las flotas de autobuses de las empresas.
La Defensoría conoce que la Municipalidad de Desamparados, como gobierno local de ese cantón, ha tenido alguna participación en el proceso; es por ello que la Defensoría solicita se detalle cuál ha sido la intervención de ese Gobierno Local; también, que se informe acerca de la posición de las empresas que se verían involucradas en el proyecto de Sectorización de Desamparados, y si existe algún documento formal que ratifique su anuencia o compromiso para formar parte del proyecto.
Adicionalmente, es de interés de la Defensoría conocer cuál es el plazo estimado para poner en funcionamiento el sector de Desamparados y los costos estimados de su implementación. Es por esto que envió una misiva al Alcalde de Desamparados, Gilbeth Jiménez Siles, para conocer el criterio de su gobierno local en relación con la propuesta.
Con respecto al sistema de pago electrónico en el transporte público, la Defensoría pidió al Ministro una descripción del proyecto, su nivel de avance y cuál sería el plazo estimado para la puesta en marcha del mismo.
Aunado a lo anterior, la Defensoría pidió a la Asociación Cámara Nacional de Autobuseros (CANABUS) y a la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS) informar si han presentado estudios, planteamientos o solicitudes al Poder Ejecutivo sobre ambas iniciativas, la sectorización y el pago electrónico.
La Defensoría sostiene que la implementación de un sistema de pago electrónico en el transporte público podría mejorar sustancialmente la captura de datos relacionados con la demanda y oferta del servicio de autobuses, lo cual sin ninguna duda, contribuiría a mejorar y a transparentar los procesos que tienen que ver con la asignación de los esquemas operativos de las empresas y con la fijación de tarifas que realiza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Según la defensora “Costa Rica no puede seguir postergando la ejecución de proyectos tan importantes para las condiciones de vialidad que enfrenta el país. Mientras la sectorización del transporte público busca reorganizar, dinamizar y elevar los niveles de prestación del servicio; el sistema de pago electrónico propone reducir los tiempos de abordaje y con ello los tiempos de viaje origen-destino, así como mejorar la seguridad de los usuarios y de los conductores dentro del autobús porque podría disminuirse la propensión al robo en esas unidades”.
La Defensoría también criticó que en distintas administraciones anteriores se ha tratado de poner en funcionamiento los proyectos de sectorización y pago electrónico, y siempre ha quedado en nada, por lo que espera que el actual Gobierno asuma el liderazgo para avanzar en su operación.
