San José, 27 abr (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional, Monserrat Ruiz, criticó duramente a una serie de funcionarios públicos que se hicieron presentes en la Comisión Permanente Especial de la Mujer, donde se les convocó con el objetivo de que se refirieran a la atención que se le brindó a la madre de la bebé desaparecida, en un caso que ha conmocionado a toda la ciudadanía costarricense.
Para conocer el hilo conductor de los acontecimientos, fueron llamados a audiencia el director regional del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en Cartago, Eduardo Arrieta; la fiscal en materia de delitos sexuales Karen Mora; el fiscal especializado en materia penal juvenil, Óscar Arroyo, así como el también fiscal relacionado con el caso, Huberth Solís.
Contrario a lo que los congresistas esperaban, la mayoría de los visitantes se escudaron en que la materia penal juvenil es confidencial y privada; que hay causas disciplinarias abiertas y, por lo tanto, la mayoría de las consultas sobre el caso de la bebé desaparecida y su madre adolescente, se quedaron sin respuesta.
Para complicar aún más las cosas, ante una consulta de la parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, sobre si fueron tomadas en cuenta las aseveraciones hechas por la maestra de que le parecía que la madre estaba coaccionando a la menor embarazada; la fiscal Mora respondió “somos profesionales en derecho y no tenemos la formación profesional para establecer si la víctima está siendo coaccionada; si la víctima está siendo manipulada por terceras personas…”.
La respuesta de la fiscal Mora Umaña molestó en gran medida a la congresista Ruiz, quien dijo a los visitantes que tenían “mucha técnica, pero muy poca sensibilidad.
“A mí me asombra este tema, qué tiene que ver la profesión con la sensibilidad y el sentido común. Esto es un caso Poncio Pilatos, todos se lavan las manos. No es posible que cómo soy abogada dejo el tema ahí y no me puedo referir al tema, pero se nos olvida que hay una niña desaparecida, hija de una niña violada, a la cual el sistema le falló. Debemos ir más allá y ser más personas”, señaló contundentemente Ruiz.
Ruiz dejó patente su preocupación por la ausencia de protocolos por parte de la Fiscalía, para hacerle frente a casos como estos” que, en cuestión de pocos días, cuando se deje de busca a la menor secuestrada, pasará a ser un número más”.
Una reacción similar se produjo por parte de la también diputada del Partido Liberación Nacional, Katherine Morera Brown, quien dijo que “pareciera que hay funcionarios que no tienen empatía con la situación que se está presentando”.
El representante del PANI, Eduardo Arrieta, aseguró que la institución realizó múltiples acciones en este caso que están en boletas de gestión, en informes preliminares y complementarios, en proceso especial de protección, en proceso de investigación de paternidad. “El Patronato Nacional de la Infancia ha trabajado fuerte y conscientemente en este proceso y no ha trabajado desde que se sucedieron los actos, sino desde tiempo atrás”, afirmó.
De acuerdo con el funcionario “quisiéramos contar absolutamente todo lo sucedido sobre este expediente… pero hay elementos técnicos que nos impiden desarrollar actividad concreta sobre las nimiedades de este expediente, eso sí, debemos decir que el PANI gestó acciones directas y concretas desde el 2019”.
Agregó que todos los procesos que el PANI tramita se ciernen sobre un acto de legalidad específico por lo que no pueden sacarse de la manga procedimientos, ya que hay un modelo de gestión de procesos atencionales, del programa Adolescente Madre, Código de Familia, Código Procesal Penal y otros más que se ciernen sobre este proceso.
“Nosotros podemos venir a tener un discurso amplio con ustedes aquí, pero todo, absolutamente todo, está sentado en ese expediente administrativo y ustedes pueden solicitarlo… el hilo conductor de este proceso para dirimir si efectivamente se hicieron o no se hicieron acciones, ese expediente administrativo lo tiene”, reiteró.
