San José, 18 jun (elmundo.cr) – La diputada liberacionista, Aida Montiel reaccionó de esta manera ante el informe sobre el impacto fiscal del cambio demográfico de la Contraloría General de la República.
Según el ente contralor las estadísticas sobre población del INEC, revelan una sociedad en transición demográfica avanzada, esto es, con tasas de natalidad y mortalidad bajas, una fecundidad inferior al nivel de reemplazo y una alta esperanza de vida al nacer de 80,2 años.
Los datos de la Contraloría indican que en setiembre de 2018 el país llegó a los 5 millones de habitantes, con una población adulta mayor de 409 mil personas aproximadamente, es decir, un 8,2% del total y para el año 2050 este segmento podría llegar a 1,3 millones de personas adultas mayores lo que representaría un 20,7 % del total de la población.
Montiel señaló que “las consecuencias de esta pirámide poblacional son determinantes para nuestro país, y las autoridades de gobierno y de las instituciones especializadas, deben prepararse para asumir esos efectos y ejecutar las acciones que permitan enfrentar un fenómeno demográfico que va a ser inevitable, de acuerdo con lo que plantea la propia Contraloría”.
“Tres son las áreas que visualizan una afectación importante por el cambio demográfico, que inciden directamente en los niveles de bienestar social de la población. La salud, la educación y las pensiones recibirán un impacto que permeará sus bases y funcionamiento, si no se adoptan las medidas necesarias e indispensables para enfrentar esa proyección estadística”, agregó.
La legisladora manifestó su preocupación por el tema de las pensiones, ya que se visualiza un aumento en la demanda de los diferentes regímenes, la disminución de la población activa que aporta y también una disminución de la cantidad de afiliados a los respectivos sistemas por cada persona pensionada.
Se estima que sólo en las pensiones de la Caja, al 2030 existirá un aumento del gasto de al menos el 212,4%.
“En cuanto a la educación, sólo por el envejecimiento de la población se esperaría una reducción del gasto destinado a este rubro de un 7,7% del PIB en el año 2017 a un 5,2% en el año 2030. Al caer el número de nacimientos, disminuye a su vez la matrícula en los centros educativos y esto tendría un impacto en el presupuesto destinado a educación”, manifestó la diputada.
Para la legisladora también hay que tomar en consideración que “el cambio demográfico provocará un aumento aproximado en el gasto de hospitalización y consulta externa de un 86% hacia el año 2030. Ocurrirá un cambio en el perfil de salud de los pacientes con una mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurodegenerativas, que tienen en común una atención médica prolongada y costosa”.
“Como dice la Contraloría, para atender estos desafíos, debe crearse un marco fiscal demográfico que oriente las políticas públicas, siendo la estructura etaria de la población un elemento primordial para realizar asignaciones de gasto más oportunas y pertinentes, bajo la premisa de planificación y sostenibilidad financiera en el largo plazo”, concluyó.
