San José, 18 nov (elmundo.cr) – El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la Defensoría de los Habitantes insta al Estado a que las acciones emprendidas para los cambios de modalidad de custodia de las personas privadas de libertad se realicen en forma técnica y responsable.
Para estos organismos se requiere de mayor articulación entre las instituciones responsables de la prevención y represión de la criminalidad.
La seguridad ciudadana, incluida la reinserción de las personas privadas de libertad, debe ser una política integral de Estado que involucre no solo al Ministerio de Justicia, en la gestión de la estructura penitenciaria, sino también al sector social, al Ministerio de Seguridad, al Poder Judicial e incluso al sector económico.
Según la Defensoría el Estado costarricense viene enfrentando un desafío en materia de respeto de derechos humanos de la población privada de libertad, en los diferentes Centros del Programa Institucional desafío que se extiende a las condiciones laborales del personal técnico y de seguridad.
Ante esto señalan que Costa Rica, está obligada al cumplimiento de los fines de la pena como lo es la reinserción de las personas privadas de libertad. Para ello se requiere de presupuesto adecuado para la contratación de profesionales para integrar los consejos técnicos interdisciplinarios en los centros institucionales, el personal de seguridad y la construcción de aulas, talleres, programas educativos, áreas adecuadas para las visitas familiares, puestos de salud adecuados con las normas de habilitación y la contratación de médicos.
Dichos organismos mencionaron que debe existir un compromiso por parte del Estado costarricense en fundamentar el funcionamiento de los centros penitenciarios con una visión de reinserción y readaptación, y no como lugares represivos que se conviertan en depósitos de personas con una visión de castigo y venganza, haciendo de los centros penitenciarios lugares en donde se realizan extensiones de castigo más allá de la sentencia judicial.
El Estado costarricense, indica el ente defensor, debe redoblar los esfuerzos por establecer políticas públicas en materia de seguridad ciudadana mediante una prevención primaria en temas de salud pública, educación, empleo, formación para el respeto de los derechos humanos. No se han establecido debidamente medidas para grupos de personas en riesgo mayor frente a la violencia y el delito, y programas directos para las personas ya involucradas en conductas delictivas.
Ambos órganos instan a las autoridades de los tres Poderes de la República para que en forma urgente procedan a establecer políticas públicas sostenibles y a largo plazo, en la prevención de la violencia y del delito en forma integral.
