San José, 01 oct (elmundo.cr) – El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió un enérgico rechazo ante las recientes actuaciones del Ministerio de Justicia y Paz en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, en Puntarenas, calificando las prácticas de amedrentamiento y exposición pública de privados de libertad como una vulneración a los derechos humanos y un riesgo para la seguridad penitenciaria.
La polémica surgió tras la difusión, el pasado 29 de septiembre, de un video en las redes sociales oficiales del Ministerio, titulado “Los Jachudos van directo al CACCO”. En las imágenes, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, aparece durante una inspección en la que ordena el traslado inmediato de varios reclusos a regímenes de alta contención, utilizando un tono que ha sido señalado por diversas instancias como provocador, vejatorio y humillante.
Para el MNPT, el uso de la mofa, los gritos y la exposición discriminante no constituye una herramienta válida para la gestión penitenciaria.
“El amedrentamiento, la provocación, la mofa, los gritos y la exposición discriminante no son las herramientas sobre las cuales se construye una verdadera seguridad penitenciaria. Al contrario, este tipo de prácticas irregulares se constituyen en claros riesgos a la seguridad de los centros carcelarios”, advirtió el organismo en un comunicado oficial.
El órgano preventivo subrayó que estas acciones, realizadas por las máximas autoridades, envían un mensaje peligroso al personal policial, al sugerir que el abuso de autoridad es una práctica aceptable.
Asimismo, cuestionó la legalidad de los traslados al Circuito de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), señalando que se realizaron sin los procesos técnicos y las garantías propias de un Estado de Derecho.
“La apertura del CACCO constituye un riesgo y, desde su mandato preventivo, el MNPT considera que no debe entrar en funcionamiento ya que no se cumplen estas garantías y estándares mínimos”, sentenció el organismo, enfatizando que la normativa debe prohibir expresamente la arbitrariedad y las injerencias políticas en la gestión de los privados de libertad.
La Defensoría de los Habitantes también se sumó a las críticas, calificando las actuaciones del jerarca como “arbitrarias y humillantes”, y presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para proteger los derechos fundamentales de los internos.
Por su parte, el ministro Aguilar ha minimizado los cuestionamientos, argumentando que el criterio de la Defensoría no le es vinculante y manteniendo una postura de firmeza que ha generado un intenso debate en el país sobre los límites del poder estatal y el respeto a la dignidad humana en el sistema carcelario.
