San José, 07 may (elmundo.cr) – El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, envió una carta al procurador general de la República, Iván Vincenti Rojas, en la que consulta formalmente sobre la posibilidad de derogar el Decreto Ejecutivo N.° 31208-MSP, vigente desde 2003, el cual regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad para los expresidentes de la República, y que fue reformado posteriormente para incluir también a las ex primeras damas.
En la misiva, Zamora plantea que la prestación de este servicio policial especializado representa un uso considerable de recursos humanos y materiales del Estado, destinados a la protección de residencias privadas, en lugar de su propósito original: la seguridad pública general.
El ministro explicó que la normativa se emitió originalmente como respuesta a observaciones de la Contraloría General de la República, que en su informe N.° DFOE-GU-97/2002 advirtió que el Ministerio brindaba ese servicio sin un marco legal claro. Sin embargo, asegura que el contexto jurídico ha evolucionado significativamente desde entonces.
Zamora argumenta que hoy en día existen leyes vigentes que permiten a cualquier ciudadano contratar servicios de seguridad privada, entre ellas, la Ley N.° 8395 de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, y la Ley N.° 8720 de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal. Estas leyes, señala, brindan mecanismos suficientes para la protección de personas y bienes sin necesidad de utilizar recursos estatales de manera particularizada.
“Conforme al artículo 33 de la Constitución Política, que garantiza la igualdad ante la ley, no parece justificable continuar destinando recursos públicos para brindar seguridad personal exclusiva a expresidentes y ex primeras damas, cuando cualquier ciudadano puede acceder a servicios similares por la vía privada o legal”, expresa Zamora en la carta.
Pese a contar con criterio favorable de la Asesoría Jurídica del Ministerio para la derogatoria del decreto, el jerarca reconoce que subsisten dudas sobre su legalidad, debido a que la normativa vigente fue emitida en atención a recomendaciones del órgano contralor.
Por esta razón, solicitó al procurador general un criterio formal sobre la viabilidad jurídica de derogar tanto el decreto original como su reforma, sin incurrir en contradicciones con las disposiciones de la Contraloría General de la República.
El ministro concluye su carta reiterando el respeto institucional hacia el cargo del procurador y a la importancia del criterio que este emita para tomar una decisión definitiva sobre la eventual eliminación de la normativa.
