San José, 15 ago (elmundo.cr) – El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro expresó su malestar por la decisión adoptada por la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), de presentar una demanda millonaria contra el Estado costarricense.
Mediante una carta dirigida a Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Directiva interventora de JUDESUR, Alfaro dijo que el Poder Ejecutivo recibió el anuncio de la interposición de la demanda con suma preocupación.
Por esa demanda, a Casa Presidencial le han llovido las críticas, pues la Junta Directiva de JUDESUR fue nombrada por ellos mismos en octubre de 2014, luego de haber destituido la anterior, con el fin de poner en marcha una intervención para enderezar la entidad.
La intervención también incluyó la promulgación como Ley de la República de una reforma que baja el impuesto que se paga en el Depósito Libre Comercial de Golfito, hasta un 10%.
Por ese motivo, y al aumentar la cantidad de miembros de JUDESUR, la Junta Directiva interpuso la demanda contra el Estado, alegando que la nueva norma le crea un desequilibrio financiero.
“La promulgación de la nueva Ley Orgánica 9356 crea un desequilibrio financiero a la institución, ya que realiza una distribución de gastos administrativos, sin ningún criterio técnico-financiero, ni de mercadeo, situación verificada en el expediente legislativo que tramitó la ley”, dice un comunicado de prensa remitido por JUDESUR, luego de que varias decenas de personas impidieran el acceso al edificio en el que funciona la institución, por el malestar generado a raíz de la demanda.
Carlos Murillo Barrios, uno de los integrantes de la Junta Directiva de JUDESUR dijo que la demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo se sustenta en criterios técnicos y financieros de la institución, avalados por el Centro de Investigaciones y Capacitación de la Administración Publica de la UCR (CICAP) y advertidos por la Contraloría General de la Republica
“Es un derecho constitucional de la institución establecida en el artículo 39, 41 y 49 de la Carta Magna, hacer uso de las instancias administrativas y judiciales del estado social de derecho, cuando una ley lesiona los intereses públicos”, dice el comunicado.
Y agrega Murillo Barrios que “la nueva Ley 9356 no permite y pone en peligro el financiamiento de programas de becas y proyectos de desarrollo, pago de salarios, servicios, seguridad y otros, que determinan el accionar de la institución para la región”.
La demanda, según documentos en poder de EL MUNDO pretende que el Estado indemnice a JUDESUR por la suma total de 7.093.387.579 colones.
Esa fue la primera de las dos acciones emprendidas por la Junta Directiva de JUDESUR nombrada por el Gobierno, contra la nueva Ley de la institución.
La segunda es una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tres semanas después de la interposición de la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La acción pretende que se declaren inconstitucionales, varios artículos de la nueva Ley alegando que esta crea desbalances financieros en JUDESUR.
En la misiva remitida por el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, el Ejecutivo dejó claro que las acciones emprendidas por su junta interventora en la institución no tienen el respaldo de la Presidencia.
Produce mayor contrariedad la noticia recibida, cuando se lee que las pretensiones de estos procesos tienen como fin solicitar al Estado una injustificada indemnización por supuestos menoscabos financieros que le causaría la nueva Ley a JUDESUR, junto con la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de ese texto, sin ningún fundamento de constitucionalidad que, a mi juicio, sea causa real de declaratoria con lugar del proceso”, dice el escrito de Alfaro.
Y agrega que “debo dejar absolutamente claro que estas acciones no cuentan ni han tenido aval alguno de la Presidencial de la República o algún ministro de Gobierno y son absolutamente contrarias a lo que, desde el Poder Ejecutivo pretende con esta nueva Ley, razón por la cual, le manifiesto mi absoluto rechazo a las mismas”.
Alfaro no solicitó en su carta que la demanda y la acción de inconstitucionalidad sean retiradas.
El Ministro de la Presidencia fue interpelado en el Plenario de la Asamblea Legislativa días atrás, y el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, quien fue que alertó a la prensa de la demanda interpuesta por JUDESUR contra el Estado, encaró al ministro por el actuar de la junta.
Alfaro manifestó sobre los señalamientos de que la Ley crea un desbalance financiero en JUDESUR, que la administración de esa entidad, “debe acomodarse a esa nueva realidad” y que no es esperable “que las leyes se hagan en función de (lo) que las administraciones quieran que suceda”.
“No tiene ningún sentido la actuación de la Junta Interventora en este caso”, agregó Alfaro, quien afirma que el Ejecutivo cree que el asidero legal de la demanda es “poco, sino nulo”.
