San José, 1 jun (elmundo.cr) – Las jornadas 4×3 se han convertido en el tema de la semana, donde distintas fracciones tienen sus posiciones y analizan con el Poder Ejecutivo la postura que más los respalde, sin embargo, las consecuencias de una nueva ola de Covid-19 también ha puesto en la corriente legislativa la consideración del teletrabajo para el sector público, haciéndole un guiño al sector privado.
Ambos temas, repercuten directamente sobre las mujeres, esto según el la investigación realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres, llamada Afectaciones del COVID-19 en la vida de las mujeres en Costa Rica, que el año anterior se hizo de carácter público y se instaba a la reducción en la brecha de funciones domiciliarias entre mujeres y hombres, así los escenarios que estas implementación conllevan.
Postura del Ministerio de Trabajo
Acá es donde precisamente se generarían discrepancias entre carteras del Ejecutivo, ya que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel, luego de una sesión de trabajo con distintos sectores, realizó intervenciones las cuales mostraron evidencia en su posición.
“Apoyamos el derecho al trabajo, apoyamos los cambios para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Queremos construir el mejor proyecto, queremos que Costa Rica sea un ejemplo a seguir en condiciones laborales en la región”, indicó.
Sumado a lo anterior, Esquivel agregó “realmente le digo en el caso particular de nosotras 3 como mujeres (refiriéndose a ella, a la ministra de la Presidencia Natalia Díaz y a la diputada oficialista Pilar Cisneros), las 3 le digo hemos trabajo jornadas de más de 12 horas, tenemos nuestras familias, hemos estudiado incluso después de las jornadas y bueno creo que estamos superando la la recta, de que no por ello nos ha afectado la salud o nuestra condición particular”.
Lo anterior implicaría entrar en jornadas las cuales no contarían con la remuneración de horas excepcionales, las cuales deberían ser pagas, pero el proyecto en cuestión no maneja. Es acá donde entraría la diferencia con el Inamu, ya que según la investigación realizada el año anterior, en su página 96 se argumenta:
Con el propósito de ahondar sobre este tema, a través de la encuesta en línea sobre las experiencias de las mujeres con trabajo remunerado durante la pandemia en torno a los cuidados de las personas dependientes en sus hogares (INAMU y OIT, 2021), se indagó sobre el teletrabajo y las dinámicas familiares asociadas al mismo. Al respecto, un 45% de las 1.464 mujeres que respondieron la encuesta realizaron teletrabajo durante la pandemia, y para el 86% de ellas eso ha significado trabajar fuera del horario habitual, confirmando el hecho que para la mayoría de las mujeres esta modalidad de trabajo implica destinar más tiempo y extender los horarios laborales preestablecidos, con las consecuencias que a nivel de salud y uso del tiempo eso podría acarrear.
Según los datos suministrados de la investigación, las funcionarias oficialistas estarían dentro del muestreo que arroja un 14% de quienes si están conformes con la modalidad de teletrabajo y jornadas más amplias a las de 8 horas establecidas.
Desde la Asamblea Legislativa
Semanas atrás, la diputada oficialista, Paola Nájera, manifestó que ante la nueva ola de casos por Covid-19, así como por el incremento en la tarifa de los combustibles, enviaba un oficio al presidente de la República, Rodrigo Chaves, donde se considere volver a la virtualidad totalmente para el sector público e instando al sector privado a que sigan con la misma línea.
Sin embargo, según el mismo documento que se maneja en el portal del Inamu, las mujeres son las que más sufren ante dichas medidas, las cuales en primera instancia parecen beneficiosas, pero a la largo plazo traen sus consecuencias, como lo son ocuparse en tareas domésticas, acompañamiento escolar, estrés, temas de salud, entre otros. Así lo indica el texto en la página 164:
Mujeres consultadas por el Inamu refieren que con la pandemia se han impuesto con mayor severidad los roles de servicio para las mujeres, lo cual resulta en un recargo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el abandono de proyectos personales para atender a sus familias, así como realizar tareas domésticas, de teletrabajo y de acompañamiento escolar de manera simultánea.
El mismo texto agrega:
El triple rol como madres, maestras y cuidadoras genera un impacto sobre el bienestar integral de las mujeres, pues reportan estar más sobrecargadas de trabajo, lidiando con estrés y preocupación por la situación económica que vive el país, además de sentirse responsables de evitar que sus seres queridos resulten contagiados. Para muchas mujeres, esta tercera jornada de trabajo se traduce en una importante limitante para su autonomía, pues se debilitan sus posibilidades de atender asuntos personales, como citas médicas, estudio, deporte, recreación, entre otros. También reconocen la invisibilización de la labor de cuidado que realizan, sea esta remunerada o no, incluso durante la pandemia, cuando las probabilidades de tener que recibir cuidados o de cuidar de alguien más incrementan exponencialmente.
Sumado a la posición de Nájera, está la posición de la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, quien en su control político de hoy, indicó que la jornada 4×3 sería de gran beneficio para el país, ya que se contaría con más empleos, las cuales servirían para la reactivación económica del país.
Lo anterior lo indica la congresista, luego de formar parte de la mesa de dialogo para abordar el proyecto de ley, donde participaron representantes sindicales y diputadas de diversas fracciones ante la convocatoria del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Considerando los escenarios antes mostrados, es donde se genera la duda si cada cartera del Ejecutivo va sobre su línea de interés, o si bien, entran a realizar análisis interinstitucionales, sin embargo tras los comentarios de la ministra de Trabajo, parece que no se tuvo consideración o análisis con su homologa del Inamu; así como igual podría decirse entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde sus propias diputadas irían en contra de lo publicado.
