La lengua de señas costarricense, conocida como Lengua de Señas Costarricense (LESCO), es el idioma propio de la comunidad sorda del país. Sin embargo, todavía existe un gran desconocimiento sobre su importancia y sobre las dificultades que enfrentan miles de personas sordas para comunicarse y acceder a servicios básicos.
Muchas personas creen que las lenguas de señas son iguales en todos los países, pero esto no es cierto. Cada nación tiene su propio sistema de señas, construido por su comunidad. En Costa Rica, el LESCO forma parte de la identidad lingüística y cultural de las personas sordas.
A pesar de esto, la realidad es que muchos niños sordos crecen sin acceso temprano al LESCO. En zonas rurales o comunidades alejadas, especialmente cuando los padres son oyentes, las familias muchas veces crean sus propias señas para comunicarse. Esto ocurre porque no siempre hay recursos económicos para transporte, materiales educativos o acceso a programas de apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La falta de acceso temprano a la lengua también impacta en la educación. Muchas personas sordas enfrentan dificultades para aprender el alfabeto y el español escrito, que en muchos casos funciona como una segunda lengua. Algunas de estas situaciones también están relacionadas con decisiones del Ministerio de Educación Pública (MEP), donde se han eliminado o modificado programas que eran importantes para la enseñanza.
En la educación de personas sordas es fundamental utilizar metodologías visuales, como el uso de espejos para practicar señas, el acompañamiento cercano de docentes y el uso de libros donde se enseñen palabras señalándolas o marcándolas visualmente.
En otros países, especialmente en Europa, existen sistemas educativos más avanzados para la población sorda. En Costa Rica todavía hace falta mayor capacitación para docentes en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), sobre todo en regiones como Guápiles, San Carlos y Guanacaste.
Además, existen otras barreras importantes. Algunos padres oyentes tienen dificultades para leer o escribir, lo que complica aún más la comunicación con sus hijos sordos. También hay personas sordas que no tuvieron acceso a una educación adecuada, por lo que enfrentan mayores obstáculos para leer o escribir en español.
Esta situación se agrava cuando las personas sordas deben realizar trámites en instituciones públicas. Muchas viven con incertidumbre, miedo y estrés cuando deben acudir a un banco para firmar un préstamo, realizar exámenes del MEP o enfrentar procesos en el Poder Judicial.
En muchas oficinas del Estado no hay funcionarios que dominen el LESCO. Esto ocurre incluso en espacios fundamentales para la vida ciudadana, como tribunales, bancos, el Ministerio de Hacienda o servicios sociales.
En Costa Rica hay aproximadamente 80 intérpretes de LESCO, una cifra claramente insuficiente para atender las necesidades de toda la población sorda. Esto provoca que, en muchos casos, las instituciones pidan a las personas sordas que se comuniquen únicamente por escrito. Sin embargo, esta no siempre es una solución real, porque no todas las personas sordas dominan la lectura y escritura del español.
Por eso es urgente que las municipalidades y las instituciones públicas implementen servicios accesibles para la población sorda. La atención en LESCO es fundamental para trámites relacionados con permisos, patentes comerciales, construcción, pago de impuestos o incluso para situaciones de emergencia en las que sea necesario contactar a la policía.
“Pienso que la diputada Mary Luz defiende los derechos de la comunidad sorda y que la Asamblea debe votar a favor de esta población. El proyecto 24.647 es importante para garantizar sus derechos.”
También es importante incorporar herramientas tecnológicas accesibles, como pantallas informativas visuales o sistemas de videollamadas con interpretación en LESCO. Estas medidas no solo beneficiarían a las personas sordas costarricenses, sino también a turistas sordos que visitan el país.
Un ejemplo positivo ocurrió en la Municipalidad de Goicoechea, donde tras una queja presentada ante la Contraloría de Servicios, el alcalde Rafael Vargas acordó impulsar cursos de LESCO para funcionarios municipales en coordinación con nuestra organización. Además, se abrió la posibilidad de que personas de la comunidad aprendan esta lengua.
Este tipo de iniciativas deberían replicarse en todas las municipalidades del país. La inclusión no puede depender de esfuerzos aislados. Debe convertirse en una política pública que garantice igualdad de acceso a la información, los servicios y los derechos.
La comunidad sorda no pide privilegios. Pide algo mucho más simple: poder comunicarse y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
