San José, 8 abr (elmundo.cr) – El gobierno presentó este lunes el proyecto de ley en materia de empleo público con el que implementará el llamado ‘salario global’.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido señaló que “la Constitución Política nos dio hace 70 años el mandato de ordenar la casa en materia de empleo público. Estamos a las puertas del bicentenario y es un momento oportuno para plantearnos, cuál es el Estado que queremos, qué debemos proteger y qué debemos transformar. Buscamos el mejor talento del país para el sector público”.
La iniciativa parte de la concepción de un único Estado, del que deriva un único régimen de empleo público con el Mideplan como entre rector y que contempla el respeto a las diferencias entre Poderes de la República.
Además, atiende las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR), además de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como el aporte realizado por los sindicatos mediante un diálogo social liderado por Garrido.
Los principales ejes de esta ley son: ordenar la gobernanza del empleo público y establecer un marco de postulados rectores que orientan los diferentes subsistemas que integran la gestión del talento humano.
Establece los roles de los actores que interactúan en el empleo público, entre ellos: MIDEPLAN como rector y como encargado del proceso de trabajo del Observatorio del Empleo, crea un Consejo Técnico Consultivo de Empleo Público que fungirá como asesor, así como un rol más activo de las oficinas de recursos humanos en los procesos de reclutamiento y selección.
Postulados rectores que orientan los subsistemas de la gestión del talento humano. El proyecto establece un conjunto de postulados como por ejemplo:
La planificación del talento humano como un proceso de todas las instituciones.
Un único régimen general de empleo público ordenado en 8 subregímenes en virtud de particularidades de los bienes y servicios que brinda el Estado.
El reclutamiento y selección mediante procesos rigurosos, abiertos, democráticos y transparentes, donde todas las personas puedan participar libremente.
Las competencias como base para determinar la idoneidad.
La creación de la alta dirección pública que se regirá por principios de excelencia y méritos.
La introducción del salario global competitivo sobre la base del precepto a igual trabajo igual salario en idénticas condiciones de eficiencia.
Incentivos no monetarios para motivar a las personas servidoras públicas y aumentar la productividad institucional.
“Queremos atraer a los mejores profesionales a la Administración Pública, hacerlo crecer, motivarlo y que los funcionarios estatales estén comprometidos y orgullosos de brindar servicios de excelencia”, subrayó Garrido.
