San José, 15 jun (elmundo.cr) – El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó la investigación penal contra los funcionarios públicos encargados de la supervisión de la cooperativa Coopeservidores.
Esto mediante la causa penal 24-000194-1218-PE.
La Sugef solicitó al Conassif la autorización para intervenir la cooperativa de ahorro y crédito desde el 13 de mayo anterior, generándole una grave afectación a más de ciento treinta mil costarricenses que están sin acceso a sus ahorros, cuentas, tarjetas e inversiones.
El monto total de dinero congelado en este momento supera los quinientos mil millones de colones, afectando la economía, salud y derechos de miles de familias en Costa Rica.
También ha trascendido que funcionarios públicos que eran los encargados de supervisar a la cooperativa ahora son parte del equipo interventor, generando cuestionamientos sobre un posible incumplimiento de deberes.
Distintas organizaciones, inversionistas, trabajadores independientes y funcionarios públicos han manifestado sus afectaciones ante la gestión del ente regulador, al punto de estar solicitando la destitución de Rocío Aguilar superintendente de entidades financieras.
La Asamblea Legislativa por medio de la Comisión de Ingreso y Gasto ya aprobó la apertura de una investigación sobre la intervención a Coopeservidores y en los próximos días estarán convocando a los funcionarios responsables para que comparezcan sobre sus actuaciones.
