San José, 1 jul (elmundo.cr) – El Ministerio Público de Panamá le sigue la pista a unas transferencias y cuentas del BCT Bank y al empresario costarricense Leonel Baruch, por un supuesto blanqueo de capitales.
Esto fue publicado por el medio panameño La Estrella de Panamá, quien señaló que la información ha sido enviada a Costa Rica, pero las autoridades judiciales alegan que no será usada.
El Ministerio Público de Panamá, a través de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, solicitó, el pasado 10 de junio, una asistencia legal a la Fiscalía General de Costa Rica, en la que solicita información sobre el empresario Baruch y dos sociedades: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A., ambas constituidas bajo las leyes panameñas.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá señala en un informe que la investigación tuvo su génesis con el informe fechado 14 de abril de 2025, en el que se hace de conocimiento que Baruch está siendo investigado en Costa Rica por la presunta comisión de fraude fiscal, causando un perjuicio aproximado de $11 millones.
Para el posible fraude fiscal se utilizó un esquema que incluía a varias personas jurídicas domiciliadas en Costa Rica, a las que se transfirieron más de 60 millones de dólares bajo concepto de falsas obligaciones a empresas domiciliadas en Panamá, empresas de propiedad de Baruch.
De acuerdo con la asistencia legal que solicitó Panamá, el Ministerio Público de Costa Rica destacó que este “esquema financiero generó implicaciones fiscales”. Al momento en que la empresa en Costa Rica paga intereses al BCT en Panamá, se crea un “escudo financiero” que favorece a las sociedades costarricenses. Además de que las transferencias de utilidades de empresa costarricense a entidades panameñas “permite que los recursos sean distribuidos entre socios, sin que se realice el pago de impuestos sobre los dividendos en Costa Rica”.
El informe también señala que, “luego de una serie de análisis realizados en periodos distintos se pudo observar que los estudios realizados el 1 de abril de 2015, como el análisis de las transacciones más recientes en 2023 y diciembre de 2024, presentan el mismo modus operandi relacionado con el fraude fiscal denunciado al Ministerio de Hacienda en Costa Rica”.
El 8 de mayo, el Ministerio Público de Panamá también mandó a Costa Rica otra serie de informaciones relacionadas con la investigación.
El documento al que tuvo acceso el medio La Estrella de Panamá identifica al empresario Baruch como beneficiario final de la cuenta bancaria en el BTC Panamá con depósitos a plazos fijos vigentes por $12,9 millones.
En la nota del 8 de mayo, firmada por el fiscal superior de Asuntos Internacionales de Panamá, José Candanedo, se señala que en el marco de la investigación “se han logrado identificar sobre la cuenta en BTC Panamá de Latam Asset Management Inc., cuyo beneficiario final es Leonel Baruch, depósitos a plazo fijo por al menos $12.960.227,14”.
“En consecuencia, de conformidad con el artículo 18 de la Convención de las Naciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, realizamos la transmisión espontánea de información que consta dentro de la investigación local previamente señalada para ser utilizada como notitia criminis o para el perfeccionamiento de una investigación en curso”, señala el fiscal Candanedo en su comunicación con la Fiscalía de Costa Rica.
El pasado 24 de junio, Candanedo informó al procurador Luis Gómez de los resultados de su reunión virtual que sostuvo con la fiscal Maricel Gómez Arias, de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) de Costa Rica, sobre la transmisión espontánea de información de este caso de investigación. En esta reunión, Candanedo reportó que fue acompañado de la fiscal superior Isis Soto, mientras que por la parte costarricense estuvieron presentes la fiscal Gómez dos representantes de la Fiscalía de Delitos Económicos Tributarios Aduaneros, Selena Salas y Yorleni Matamorros; además de Warner Molina, fiscal de Blanqueo de Capitales de Costa Rica.
La parte costarricense confirmó la recepción de la información enviada por Panamá, pero adelantó que la documentación no puede ser anexada a la causa que ellos ya mantienen abierta bajo el número 2270-21 PE por el supuesto delito de fraude a la Hacienda Pública de Costa Rica, porque el periodo de hechos investigados es de 2008 a 2015.
También manifestaron que la información tampoco puede servir para el inicio de otra investigación por blanqueo de capitales, porque no se ha acreditado la existencia de un delito precedente en Costa Rica.
“Los funcionarios costarricenses indicaron que los documentos quedarán en posesión del fiscal general de Costa Rica para evaluación”, informó Candanedo al procurador de Panamá.
Fuentes ligadas a la investigación en Costa Rica hablaron con La Estrella de Panamá y cuestionaron la inacción del Ministerio Público de su país sobre este caso. “Prácticamente, están desechando toda la investigación que ha realizado Panamá”, se quejó la fuente.
Mientras que fuentes del lado panameño dijeron que entre marzo de 2023 y enero de este año, el banco realizó transferencias internas, cuya documentación de respaldo no fue proporcionada a las autoridades que investigan la entidad. Tampoco presentó la documentación que sustenta unas transferencias internacionales realizadas entre marzo de 2023 y marzo de 2025.
Por su parte Baruch calificó de falsa la información publicada por el medio La Estrella de Panamá. “En Panamá no hay registro de la existencia de ninguna investigación abierta contra BCT ni contra mí por ningún delito”, alegó cuando se realizó la primera publicación.
“Debo dejar absolutamente claro que ni BCT ni yo hemos participado de forma directa o indirecta en el blanqueo de capitales o evasión fiscal, ni en este caso, ni en ningún otro. Mis actuaciones y las de los bancos de BCT siempre han sido y serán en estricto apego a la Ley y la moral, aunque a esta organización delictiva denunciada no le convenga”, afirmó Baruch.
Por estas publicaciones Baruch presentó en la Fiscalía General de la República, una denuncia penal, en la Jurisdicción de Crimen Organizado, contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, el abogado José Miguel Villalobos, Otto Guevara Guth, Carlos Valenciano Kamer, Carlos Denton, David Patey, Richard Molina, a los que acusa de ser una “organización criminal”.
