San José, 11 nov (elmundo.cr) – La polémica por la “liberación” de 1000 privados de libertad antes de que finalice este 2015 sigue generando polémica en el país, sin embargo el Ministerio de Justicia y Paz afirma que los reos que cambiarán de un régimen institucional al semi-institucional, cumplen con estrictos requisitos.
La polémica medida fue tomada con el fin de cumplir con una serie de órdenes judiciales, entre ellas de la Sala Constitucional. El hacinamiento carcelario debe bajar a niveles “aceptables” en menos de seis meses o a los jerarcas responsables se les abrirán procesos penales por desacato.
Las personas que cambiarán de régimen, según el Ministerio de Justicia y Paz cumplen con una serie de requisitos, entre ellas estar condenadas y haber cumplido su condena con descuento entre 2015 y 2020, no tener causas judiciales activas, tener buenas relaciones convivenciales en la cárcel y no tener sanciones disciplinarias en el último año, contar con un recurso laboral o educativo al salir de prisión y no haber sido condenado por una serie de delitos considerados graves.
Entre esos delitos se encuentran los asociados al crimen organizado, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de órganos, trata de personas, tráfico internacional de armas de fuego y material nuclear, legitimación de capitales, terrorismo, homicidios, delitos contra los deberes de la función pública, violencia sexual e intrafamiliar y secuestro.
Sin embargo, ciertas figuras entre diputados y abogados, han señalado que parte de los privados de libertad que se beneficiarán con el cambio de régimen, están ligados a la venta local de drogas o a delitos contra la propiedad, los cuales tienen altas tasas de reincidencia.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, el régimen semi-institucional tiene un 90% de efectividad. Solamente un 9% falla por haber incumplido alguna de las condiciones para permanecer en ese régimen y solamente 1% del total comete algún tipo de delito por el que regresa a la prisión.
