San José, 26 may (elmundo.cr)- El Ministerio de Seguridad Pública manifestó su posición ante proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Armas.
Esto, ante la reciente propuesta que presentó la diputada Zoila Volio para realizar una reforma al artículo 23 y 25 de la ley 7.530 de armas y explosivos.
Volio explica en su propuesta, que “al margen de la recientemente aprobada reforma al artículo No.23 de la Ley No. 7530 de Armas y Explosivos, se estableció una prohibición para que únicamente las personas jurídicas que brinden servicios de seguridad privada puedan registrar armas de fuego”.
Y sostuvo que “esto viene a generar un problema, por cuanto a que existen muchas empresas que, por su naturaleza comercial, o por motivos de seguridad, desean adquirir y registrar sus propias armas”.
Ante esto, el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano señaló que efectivamente “la anterior modificación dejó esta potestad en la ley, solamente a las personas jurídicas que sean empresas de seguridad privada, sin embargo, nosotros al alcance reglamentario ya dimos la posibilidad de que estas personas jurídicas también tengan acceso”.
“Si bien entendemos la necesidad de dejarlo claro en la ley, el tema es que esta modificación, elimina todos los controles que la anterior reforma, la que se aprobó en la Asamblea Legislativa el año pasado, había establecido”, agregó.
Por otra parte, Volio comentó que dicha reforma se realizaría “con la finalidad de corregir un vacío técnico que afecta a los tiradores deportivos, así como la inscripción de armas para personas jurídicas, que por su giro comercial requieren el uso de armas de fuego”.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Pública explicó que “el tema es que hoy en día las modalidades deportivas de tiro, es un tipo de forma de adquirir armas que tienen una regulación incompleta y que hemos visto que puede ser un portillo para la adquisición de armas en el mercado ilícito”.
Además, Solano reiteró que dicha reforma “elimina todos los controles que en la reforma anterior se habían establecido”.
“En primer lugar quita el límite de dos armas por persona, que fue uno de los logros más significativos de la anterior modificación; y también elimina la necesidad de renovar cada 6 años las matrículas de armas de fuego, el cual era un control y un filtro para evitar que personas con antecedentes penales pudieran adquirir armas o conseguir seguir teniendo armas adquiridas lícitamente”, explicó el viceministro de Seguridad Pública.
“Esta modificación tal y como está planteada, significaría una involución de casi 30 años”, afirmó Solano.
Para finalizar, el viceministro recalcó que el Ministerio de Seguridad Pública está anuente a aceptar la invitación que recibieron de la diputada, de sentarse y trabajar en conjunto para la nueva propuesta, “siempre y cuando no se dé una involución en todas las reformas y controles que logramos establecer en la anterior modificación”.
