San José, 9 mar (elmundo.cr) – La Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero ordenó a la Asesoría Jurídica de esa institución, iniciar una investigación preliminar para determinar si en la cartera, durante la actual y anteriores administraciones, se han pagado incentivos salariales de forma irregular.
El anuncio lo oficializó la jerarca el 7 de marzo, mismo día en que el viceministro de Paz, Víctor Barrantes Marín hizo pública la decisión de que su incentivo salarial de prohibición pasara de un 65% adicional a su salario base a un 45%, hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) se pronuncie.
“No estamos persiguiendo a ningún funcionario de esta Administración ni de Administraciones pasadas, sino que es necesario determinar si se ha venido haciendo un cálculo indebido, al amparo de una interpretación legal, que deberá corregirse, si es del caso, y gestionar las devoluciones que procedieran”, expresó la Ministra Sánchez en un comunicado de prensa.
La investigación que lleva a cabo la Asesoría Jurídica se centra por el momento en determinar si al viceministro Barrantes Marín se le pagó el 65% del incentivo de forma incorrecta, pues si bien culminó el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica en el año 2008, obtuvo el grado académico de licenciado en Derecho hasta el pasado 29 de febrero del 2016.
Otro investigado es Max Loría Ramírez, quien fungió como viceministro de Paz durante el Gobierno de Laura Chinchilla. Él percibió el 65% de la prohibición mientras estuvo en el cargo. Según su expediente laboral en el Ministerio, de acuerdo con la información suministrada por la institución a petición de EL MUNDO, Loría era bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, grado que obtuvo el 25 de marzo de 1994. No fue sino hasta el 11 de febrero del 2016 que el ahora exviceministro alcanzó el grado de licenciado en Ciencias Políticas.
El incentivo del 65% se paga de acuerdo con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública a varios funcionarios –entre ellos viceministros–, con el fin de que no ejerzan la profesión liberal para la que están habilitados ejercer.
Sin embargo, el pago está supedito al cumplimiento de tres requisitos, según lo dijo la Procuraduría General de la República (PGR) en el año 2012 y así reiterado, en varias ocasiones, por la Contraloría General de la República (CGR) en varios informes de auditoría y de resultados de investigación: ser uno de los funcionarios enlistados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública como los que tienen prohibido ejercer profesiones liberales, mientras estén en sus cargos; tener el grado académico mínimo requerido para poder ejercer esa profesión liberal y, finalmente, estar incorporado al colegio profesional correspondiente, en caso de que este exista.
Documentos en poder de este diario dan cuenta de que el exviceministro Loría se incorporó al Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas el 17 de junio de 1994, meses después de obtener su bachiller en esa profesión. La carrera, además, demanda como grado académico mínimo un bachiller universitario para poder ser ejercida liberalmente, otro requisito que él cumple.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Paz quiere determinar si el porcentaje que se le pagó al exviceministro es el correcto, ya que la Ley de Compensación por Pago de Prohibición (Ley 5867, vigente desde diciembre de 1975) dicta que a los bachilleres universitarios se les reconocerá el 30% del incentivo de prohibición.
Esa Ley dice en su artículo primero que los porcentajes allí descritos (65% para licenciados o con grado académico superior y 45% para egresados de programas de licenciatura o maestría) se le pagarán al personal de la Administración Tributaria, pero además, dice en su artículo cinco que el incentivo de 65% o 45%, según sea el caso, se le dará también a los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo señalados en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, también, a los egresados de programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho, que estén cumpliendo tales funciones.
El artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohibe, aunque sean abogados, ejercer la profesión a los servidores propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República y de las municipalidades, salvo excepciones allí contempladas.
La duda surge, precisamente, a raíz de las publicaciones periodísticas que han aparecido en los últimos meses, que dan cuenta de pagos ilegales de prohibición a las viceministras de Gobernación y Policía, Vivienda y de la Presidencia.
Los jerarcas de Ministerio de Justicia remitieron a la Procuraduría General de la República una consulta para determinar si el pago al viceministro de Paz en funciones, Víctor Barrantes, estuvo y está apegado a derecho, mientras que se consultó además si en el caso de Loría le correspondía el 65% establecido en la Ley contra la Corrupción o bien, el 30% de la Ley de Prohibición, por su grado académico de bachiller.
El viceministro Barrantes ha percibido 846 mil colones mensuales por concepto de ese incentivo desde que fue nombrado en el cargo. De confirmarse que su pago fue incorrecto y tampoco le corresponde cobrar lo establecido en la Ley de Prohibición, el jerarca tendría que devolver casi 30 millones de colones.
Loría, en su lugar, si se determinara que el pago del incentivo fue superior al que legalmente le correspondía debería devolver más de 25 millones de colones.
En entrevista con este medio, el exviceministro dijo que cuando estuvo en el cargo estaba debidamente incorporado al colegio profesional y por ende, tenía el grado académico necesario para ejercer la profesión liberal.
“En Ciencias Políticas se ejerce profesionalmente desde el Bachillerato Universitario. Es diferente en otras carreras”, manifestó Loría.
Por su parte, el actual jerarca, Víctor Barrantes manifestó en un comunicado de prensa que tomó la decisión de renunciar voluntariamente a 20% del incentivo salarial, al igual que lo hizo a regañadientes la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte.
“Habiendo realizado la consulta a la Dirección de Recursos Humanos, logré constatar que, en mi caso particular, el cálculo y la asignación del incentivo se realizó bajo criterios que han sido cuestionados y no es posible derivar de dicha respuesta que el procedimiento seguido haya sido históricamente el correcto, sino más bien que podría tratarse de un error recurrente y del cual podrían derivar responsabilidades”, afirmó Barrantes.
El Ministerio de Justicia y Paz dijo que la investigación ordenada permitirá determinar si existe responsabilidad de las personas involucradas, y paralelamente, atender los pronunciamientos que resulten de las consultas tanto a la Contraloría como a la Procuraduría.
Además de esas consultas, la Procuraduría ya tiene en su poder una de la Casa Presidencial para que se determine si a al viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga, quien es egresada de la licenciatura en Derecho, más no licenciada; no está incorporada al Colegio de Abogados y por ende, no puede ejercer el Derecho, debe cobrar 65% o 45% de prohibición. Paralelamente, hay una investigación en la Contraloría General de la República, para determinar la legalidad de ese pago.
En noviembre de 2016, la Contraloría ordenó a la exviceministra de Vivienda y ahora directiva del BANHVI, Ana Cristina Trejos Murillo, devolver casi 11 millones de colones que percibió ilegalmente por el incentivo de prohibición, pues lo cobró sin ser licenciada en microbiología ni estar incorporada al Colegio Profesional correspondiente.
Meses antes, la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz anunció que suscribió un acuerdo de pago para devolver sumas pagadas por prohibición de forma ilegal, ya que ella no tenía título universitario alguno y aún así, la funcionaria de Recursos Humanos le autorizó el incentivo.
