San José, 12 oct (elmundo.cr) – El Ministerio de Justicia y Paz trabaja en un proyecto de Ley para modificar la Ley que autorizó el uso de brazaletes electrónicos en privados de libertad, con el fin de convertirlo en una herramienta que ayude a disminuir el hacinamiento carcelario.
El anuncio lo hizo la institución la semana anterior, junto con un reporte de que los dispositivos electrónicos de rastreo empezarían a funcionar próximamente con 90 personas, a las cuales un juez les impuso arresto domiciliario.
De acuerdo con el Ministerio, el lunes pasado empezaron las gestiones para hacer la contratación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La contratación le permitirá solicitarle a esa empresa la cantidad de dispositivos que se requiera, sin límite.
La implementación empezará con 72 hombres y 16 mujeres distribuidos en todo el país, quienes están a la esperan de su brazalete para controlar la ejecución de su pena en su domicilio.
Para escoger a la ESPH la empresa tuvo que cumplir con 172 especificaciones técnicas, entre ellas aportar los manuales de operatividad técnica del servicio, un centro de monitoreo 24/7, el software de transmisión en tiempo real de la ubicación de todos los dispositivos, los protocolos de captura y su funcionalidad con los cuerpos de Policía.
Además, cada dispositivo no debe pesar más de 180 gramos, tener una apariencia discreta, materiales hipoalergénicos, emitir señales de alarma en caso de corte, ruptura o batería baja, ser a prueba de golpes, agua y humedad, contar con una batería que dure 24 horas con un tiempo de carga no mayor a dos horas y disponer de dos tarjetas SIM, de operadoras telefónicas distintas, para asegurar la redundancia en la cobertura de la información.
De igual forma, el dispositivo debe recolectar las coordenadas geográficas y transmitir la señal de posicionamiento global (GPS) por medio de una conexión vía red de datos a la central de monitoreo de forma permanente.
El Ministerio dijo que impulsa una reforma a la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (Ley 9271), ya que en la actualidad dicha legislación establece requisitos muy rigurosos para utilizar esos brazaletes.
Parte de lo señalado por Justicia y Paz como una de las limitantes en el uso de esta herramienta, es que solamente concede al Poder Judicial la posibilidad de otorgarlos.
“Bajo ese panorama, los dispositivos electrónicos no vienen a resolver el problema del hacinamiento, sino que se convierten en una herramienta más para determinados casos, por ejemplo, cuando la pena no supere los seis años y no aplica para todos los delitos”, dijo el Ministerio en un comunicado de prensa.
La institución dijo que el proyecto que estarán presentando permitirá ampliar los supuestos de aplicación del dispositivo electrónico, con el fin de convertirlo en una solución menos costosa que el encarcelamiento, para disminuir los niveles de hacinamiento.
