San José, 7 jul (elmundo.cr) – La Ley 17.665 “Ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal” fue aprobada por la Asamblea Legislativa en octubre del año anterior, sin embargo aún no se ha puesto en ejecución por el Ministerio de Justicia.
Al consultarle a la exministra de Justicia y Paz Cristina Ramírez por qué aún no se ha ejecutado la ley, nos indicó que “dispositivos de seguimiento electrónico es un sistema complejo, más allá del dispositivo, de la rodillera en sí, se necesita un centro de control y monitoreo que debe tener personal capacitado”.
Ramírez indicó que “tiene que existir un estudio de alta tecnología porque si el juez, por ejemplo, decide que la persona que va a utilizar este dispositivo vive allá en el otro lado de la montaña, tenemos que asegurarnos de que la tecnología que se va a usar es una tecnología que no falla y que permita que desde el centro de control permanentemente las 24 horas, haya garantía de que a esa persona efectivamente se le está dando seguimiento”.
“Es un proyecto que funciona en otros países, nunca en ningún país de Centroamérica hubo una primera fase, que fue la fase de estudio de las empresas que podían concursar y para esto se inquietó a empresas nacionales como a empresas internacionales a través de la página de Naciones Unidas”, agregó la exministra.
Para Ramírez la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa establece el mandato pero no da recursos, “entonces no podíamos tomar recursos dejando al descubierto otras necesidades del Ministerio de Justicia y Paz para destinarlos a eso”.
Según la exministra lo único que pudieron hacer fue reencausar recursos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con lo que financiaron 1.3 millones de colones para ejercer ese primer plan piloto, que dejará como resultado el establecimiento del centro de control y monitoreo, la operación de los dispositivos de seguimiento electrónico y el costo que esto signifique ya estaría siento replicado dentro presupuesto ordinario de la República.
Por su parte la nueva ministra de Justicia Cecilia Sánchez Romero comentó que “dentro de la tesis que hemos planteado está un esfuerzo conjunto y articulado como política de estado, que quizá con el tema de la ley no se previó un espacio más amplio para facilitar el proceso de puesta a prueba de los mecanismos, el proceso de contratación tampoco ha sido muy fácil ya que no hay mucha experiencia en Centroamérica, se ha tenido que recurrir a hacer oferta con empresas muy calificadas, pero todos estos procesos llevan su tiempo, de manera que esto es una razón más para articular entre los tres poderes del estado para que podamos establecer los recursos y los mecanismos que permitan que la ley sea puesta en ejecución”.
