San José, 01 feb (elmundo.cr) – La relación entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y las universidades públicas ha sido nula durante la administración liderada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra de esta cartera, Katherine Müller.
Así lo señalaron a Semanario Universidad los rectores de dos de estas casas de estudios, quienes afirmaron que pese a la anuencia de las universidades públicas para ayudar a esta institución a combatir el apagón educativo, no se ha podido establecer la cooperación entre ambas partes por primera vez en la historia.
Según Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, “al día de hoy no hay ningún tipo de relación con el MEP. Muy lamentable. No tiene explicación alguna. Es histórico. Que yo tenga conocimiento, nunca antes se había evidenciado un distanciamiento entre el MEP y las universidades públicas como el que estamos viviendo ahora”.
“Nuestra posición es la misma de siempre, estamos totalmente anuentes a aportar al MEP en todo lo que esté a nuestro alcance”, indicó.
Además hizo hincapié a los distintos ofrecimientos que ha hecho esta universidad en cuanto a materia educativa, apoyo legal y otros.
Este cierre de puertas a las universidades públicas precisamente se da en momentos en que el Ministerio de Educación Pública mantiene un acercamiento con figuras de universidades privadas como Silvia Castro, rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), quien es líder de la “Ruta de la Educación”, la cual será presentada en los próximos días, así como Luis Guillermo Malavassi, rector de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA), quien integra el Consejo Superior de Educación (CSE).
En la misma línea que Gutiérrez, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, destacó que por primera vez desde el 2014 el MEP se rehusó a firmar una agenda de cooperación con el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Esta agenda, que es un anexo al acuerdo del FEES, permite a las universidades públicas colaborar con el MEP en cuanto a capacitaciones, desarrollo de iniciativas de acompañamiento a personas estudiantes del colegio a la universidad, entre otros y así combatir el apagón educativo.
“Tradicionalmente se firma un convenio entre las universidades y el MEP. En esta ocasión no logramos concertar una agenda de cooperación porque los representantes del Poder Ejecutivo (presentes en la Comisión de Enlace) no consideraron que fuera oportuno”, señaló.
Además aseveró que desde el MEP “no mostraron un gran interés en que desde las universidades públicas pudiésemos nosotros tener una colaboración tal y como la habíamos tenido en el pasado”.
Sobre este mismo tema, el director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), Eduardo Sibaja, señaló que, desde la entrada del Gobierno de Rodrigo Chaves en mayo anterior, la agenda de cooperación que había sido firmada por la administración anterior para el 2022 fue pausada. Esto significa que varias capacitaciones quedaron pendientes.
“Nos extrañó mucho porque a todos los Gobiernos les ha interesado trabajar en conjunto para resolver problemas (…) Desde que entró doña Katherine, se trabó la agenda vieja, en el sentido de que se fue haciendo muy difícil lograr la participación de los docentes del MEP en las capacitaciones”, mencionó Sibaja, haciendo alusión a que los educadores ya no tienen permisos por parte del MEP para asistir a estas capacitaciones.
Ante esta situación, el Conare acordó brindar este año a educadores interesados del sector público y privado las capacitaciones que quedaron pendientes en el 2023, por lo que ya han tenido conversaciones con el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro).
El director de la OPES destacó también que precisamente la agenda 2022 tenía un compromiso para apoyar al MEP en temas de rezago educativo. Este acuerdo incluía en específico proyectos conjuntos que abordaban temas tales como necesidades sociales derivados del impacto del COVID-19, combate a brechas y desigualdades estructurales, crecimiento económico en las regiones, cambio climático, cultura, fortalecimiento del sistema educativo, dinamización de la economía, mejora de la gestión pública, democratización del arte, igualdad de género e innovación educativa ante el rezago académico.
Anualmente el Conare invierte en cada agenda cerca de 200 millones de colones, este monto no incluye pago del personal, pues se trata de profesionales que están dentro de las planillas de las mismas universidades. Para 2023, al no concretarse el proyecto, este monto quedará en reserva, aseguró Sibaja.
