San José, 1 nov (elmundo.cr) – El Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá gestionar ante la Contraloría General de la República la compra de alimentos para los comedores de los centros educativos ante los problemas de abastecimiento que tiene el Consejo Nacional de Producción (CNP).
Según el oficio N°17997, enviado por la Contraloría a la ministra de Educación, Katharina Müller, el ministerio debe coordinar una sola solicitud de autorización como se ha hecho ya en otras oportunidades, en aras de garantizar la debida inversión de los fondos.
Ante esto el MEP deberá acreditar ante la Contraloría:
a) Que se acredite expresamente por el CNP, que no podrá abastecer el centro educativo en cuestión, en los términos del artículo 9 de su Ley Orgánica. En este caso en particular, el Ministerio deberá verificar cuáles centros educativos recibieron la comunicación formal por parte del CNP en el que indica su anuencia para que actores privados suplan los productos lácteos, huevos, abarrotes y carnes, por la imposibilidad de trasladar todos los recursos que invierten sus proveedores de manera directa y oportuna para continuar brindando estos cuatro alimentos, por lo que no podrán ser suplidos por el Consejo hasta finales del presente año y se reiniciarán los pedidos a partir del primer día hábil del próximo enero de 2023.
De esa forma, el Ministerio de Educación Pública deberá cotejar la lista de centros educativos que serían abastecidos por el CNP para el curso lectivo 2022, según lo señalado en el oficio DM-A-DPE-0240-2021 del 07 de mayo de 2022, suscrito por el señor José Leonardo Sánchez Hernández, en su condición de Director de la Dirección de Programas de Equidad, con los centros educativos que actualmente fueron comunicados por el CNP sobre la imposibilidad que presenta para brindarles las cuatro líneas específicas arriba mencionadas -según corresponda a cada institución-.
b) Que la propuesta sea presentada ante esta Contraloría General con el respectivo aval de las respectivas Juntas de Educación y las Juntas Administrativas con el Ministerio de Educación Pública (MEP), certificando que cuenta con la respectiva habilitación de las Juntas por las que se vaya a requerir la autorización.
c) Cumplir los requisitos previstos por los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 146 y 147 de su Reglamento.
Además, la Contraloría indicó que “la coordinación de ese Ministerio coadyuvará a que las diversas juntas puedan organizarse no sólo para efectos de requerir y ejecutar la autorización, sino considerando los cambios que se estarían implementando con la vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública el 01 de diciembre de 2022”.
“Conforme lo expuesto, este órgano contralor estima necesario poner en conocimiento de ese Ministerio esta situación, así como referir mecanismos paliativos utilizados en otras oportunidades para no afectar el funcionamiento de los comedores estudiantiles y el derecho mismo de acceso a la educación”, concluyen.
