San José, 10 nov (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la eficiencia y la eficacia del servicio de educación pública para personas jóvenes y adultas, impartido en distintas modalidades con el fin de promover condiciones académicas accesibles para la población joven y adulta que ha quedado rezagada en el proceso de formación. Este servicio atiende en promedio 134.982 personas por año.
Dentro de los principales hallazgos encontrados por el ente contralor se detalla una “disminución en la cobertura del servicio, pasando de 100.600 en 2019 a 91.300 personas en 2022. Disminuyendo también las posibilidades de esta población de acceder a mejores empleos, trabajo decente y emprendimiento”.
Además, detallaron una “ausencia de capacitación a docentes en técnicas para educación de su población objetivo. El servicio se presta usando técnicas de mediación pedagógica para niños y adolescentes”.
De igual forma la contraloría reportó “debilidades de infraestructura física y acceso a internet, limitan el acceso a la educación, la aplicación de distintos métodos de aprendizaje, así como potenciar el uso de distintos recursos educativos”.
Aunado a ello se da una “falta de mecanismos o acciones para fomentar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo. Por ejemplo, servicios de alimentación, transporte y transferencias monetarias condicionadas”.
“El promedio general de aprobación decreció de 79.7% a 75.8% (entre 2021-2022), lo cual genera que se requiera una erogación mayor de recursos para atender a estudiantes reprobados”, concluyeron.
