San José, 11 sep (elmundo.cr) – Desde el 26 de junio, el Ministerio de Educación Pública (MEP) fue requerido por la Fundación Omar Dengo (FOD), mediante acta notarial, para que retirara en forma inmediata 215.000 artículos, de los cuales 50.193 son activos completamente nuevos, valorados en ¢12.485 millones.
Sin embargo, el 27 de junio, mediante oficio DM-0957-06-2023, el MEP rechazó la propuesta, razón por la cual la FOD acudió ante el Juzgado Contencioso, para que el juez le notificara al ministerio que debe recoger los activos.
Esa notificación se realizó el 8 de agosto y hasta el momento el MEP no ha dado respuesta.
Entre los 50.193 activos que se encuentran almacenados y listos para entregar existen computadoras, servidores, unidades de almacenamiento, equipos de red y comunicación inalámbrica, monitores, proyectores, impresoras, UPS, entre otros; los restantes 164.814 corresponden a artículos como accesorios de equipo de cómputo, audífonos, mouse, maletines, etc.
Legalmente, lo que corresponde, una vez finalizado el convenio, es que el MEP se presente a retirar los activos. Se trata de alrededor de 60 contenedores.
“No es correcto decir que la Fundación tiene alguna responsabilidad en esto, pues recibió la orden de finalizar el convenio, detener toda actividad relacionada y desde mayo no recibe recursos del MEP; sin embargo, en aras del bien común y de contribuir con la educación, la FOD invierte $11.288 por mes de su propio patrimonio en el alquiler de bodegas custodiadas para garantizar la seguridad y que los bienes se encuentren en perfecto estado”, manifestó Marcelo Carvajal, gerente de la FOD.
La FOD considera que es obligación del MEP retirar este inventario, que pertenece a los niños y niñas costarricenses, quienes en este momento no tienen una computadora en las aulas porque están almacenadas y además corriendo el riesgo de desactualizarse.
Carvajal recalcó que “esto demuestra que la decisión de finalizar el convenio se realizó sin información suficiente, sin ningún tipo de conocimiento de las consecuencias e impacto tanto para los estudiantes como para el propio MEP”.
“La FOD consideraba que, ante un rompimiento súbito del convenio, el MEP no tendría los elementos logísticos, presupuestarios ni técnicos para encargarse de las funciones que por ley le fueron encomendados a la FOD y que la finalización sin una transición ordenada, paulatina y acorde con las dimensiones de la educación informática para niños y jóvenes en el país generaría una suspensión del servicio público y por ende una afectación directa a estos niños y jóvenes”, concluyó.
