San José, 20 oct (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, presentó un proyecto de ley que busca reformar el artículo 280 y adicionar el 280 bis al Código Penal.
La iniciativa 25.848 tiene el propósito de fortalecer nuestra legislación frente a la instigación pública a cometer delitos y establecer expresamente la figura penal de la sedición. Además, propone penas de cuatro a ocho años de prisión para las conductas contempladas en los artículos reformados.
Ortega señaló que “esta iniciativa responde a la necesidad de proteger la paz social, la seguridad de los costarricenses y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas, especialmente en una época en que los llamados a la violencia pueden multiplicarse de manera masiva a través de las redes sociales”.
“Defender nuestra democracia también significa establecer responsabilidades claras para quienes utilizan sus libertades como justificación para promover conductas delictivas. Hablemos claramente, la libertad de expresión no puede convertirse en una justificación para promover la comisión de delitos, ni el derecho a manifestarse se debe confundir con una autorización para ejercer violencia”, aseguró.
La diputada recalcó que “nuestra Constitución Política en su artículo 4 establece que ninguna persona o grupo puede arrogarse la representación del pueblo, asumir sus derechos o formular peticiones en su nombre y califica esta infracción como sedición. Sin embargo, y como ustedes sabrán, aunque nuestra Constitución contempla esta figura, el Código Penal no establece expresamente el delito de sedición”.
“Hemos visto diferentes controversias relacionadas con declaraciones de personas quienes han llamado a manifestarse con expresiones y alusiones que podrían resultar peligrosas. Más grave aún si, por ejemplo, se hace referencia a las movilizaciones que se desarrollaron en Francia y España, aquellas que son un lamentable ejemplo de violencia, saqueos y anarquía”, sostuvo.
Ortega insistió en que “las explicaciones posteriores o las aclaraciones ya no valen, por el sencillo hecho de que el mensaje inicial ya sembró una semilla, generó una interpretación e instaló una idea a algunas personas. De esto, alguien tiene que hacerse responsable”.
“Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué responsabilidad tienen los ciudadanos, sean figuras públicas o no, cuando utilizan como referencia movilizaciones en las que también se han producido gravísimos actos de violencia? Quien emite una opinión debe comprender que el contexto, la intención y el contenido de los mensajes importan muchísimo”, aseguró.
Ortega explicó que “la reforma propuesta mantiene sancionar la instigación pública sin que sea indispensable que el delito promovido llegue a ejecutarse. Porque cuando existe una verdadera instigación delictiva, es irresponsable que el Estado tenga que esperar necesariamente a que se produzcan agresiones, daños o actos criminales para poder intervenir conforme a la ley”.
“Este proyecto no pretende silenciar a quienes piensan diferente o a quienes critican al gobierno, mucho menos pretende limitar la organización ciudadana ni criminalizar las manifestaciones pacíficas. Defender la protesta pacífica también significa protegerla de quienes pretendan convertirla en un escenario de violencia”, manifestó.
“Ninguna persona puede pretender que sus libertades individuales le otorguen un derecho ilimitado para instigar a otros a cometer delitos”, concluyó.
