San José, 11 feb (elmundo.cr) – Un informe realizado por la organización Open For Business indica que, anualmente, la discriminación hacia la población LGBT+ cuesta en Costa Rica entre 0,1 y 1,0 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir entre ¢31,4 mil millones y ¢349 mil millones.
Según el informe el costo de la discriminación económica, que se genera por la subutilización de capital humano y el rechazo a la condición LGBT+ en ambientes de trabajo, oscila entre ¢13,1 mil millones y ¢58,9 mil millones.
También cuantificó el costo por ingresos perdidos en la industria de bodas, entre ¢4,3 mil millones y ¢23 mil millones.
La inequidad en salud tiene un costo entre ¢13,9 mil millones y ¢266 mil millones, generada por la pérdida de ingresos y productividad resultantes de una alta prevalencia en la depresión de personas LGBT+.
Víctor Castro, vocero de la campaña “Sí, Acepto” señaló que “el estudio de Open For Business demuestra que el país se verá beneficiado con la atracción de industrias de alto valor agregado, el aumento en la reputación nacional y el turismo, mayor atracción de talento y capital humano, y la mejoría en el rendimiento empresarial y de negocios gracias a que las compañías inclusivas tienen niveles más altos de innovación y colaboración”.
“La discriminación conduce a una productividad deprimida, discriminación en el lugar de trabajo y pérdida de ingresos al no permitir que las personas del mismo sexo se casen. Además de los beneficios económicos descritos anteriormente, permitir el matrimonio civil para parejas del mismo sexo también reduce el costo económico de la discriminación LGBT + que enfrenta Costa Rica”, agregó Castro.
Las empresas firmantes del respaldo a la Campaña Sí Acepto, afirman que la entrada en vigencia de la igualdad matrimonial, será un paso claro para avanzar en el establecimiento de políticas industriales innovadoras y atraer talento e inversión extranjera, que ha sido uno de los pilares del país para continuar la generación del desarrollo económico que se requiere para enfrentar tiempos difíciles como el actual.
En 2016, el gobierno de Costa Rica solicitó una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, que en 2018 produjo respuesta (OC24) estableciendo que el Estado debía reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo.
Ante dos acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, en 2018 los magistrados, acatando la vinculación de la OC24, indicaron que la Asamblea Legislativa tenía 18 meses para adecuar la normativa en relación al matrimonio civil igualitario. En caso de no pronunciarse la Asamblea, la Sala Constitucional dio plazo al 26 de mayo de 2020 para el levantamiento automático de la prohibición para que las parejas del mismo sexo puedan casarse en Costa Rica.
