San José, 28 jul (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presentó una solicitud formal ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, con el objetivo de fiscalizar la ejecución presupuestaria y los mecanismos de financiamiento utilizados por el Poder Judicial.
Mediante el oficio AL-FPPS-37-OFI-00147-2026, enviado el pasado 23 de julio, la legisladora invocó sus facultades de control político y fiscalización para requerir documentación técnica y financiera detallada sobre el uso de recursos públicos en esta institución.
“Solicito se sirva remitir la información relacionada con la ejecución presupuestaria y los mecanismos de financiamiento del Poder Judicial”, señaló la diputada en el documento.
Entre los puntos principales de la solicitud, Esquivel requiere copia de los documentos y acuerdos que acrediten que, en los últimos quince años, la Asamblea Legislativa autorizó el Plan de Inversión Adicional previsto en el artículo 177 de la Constitución Política, referente a los excedentes del 6% del presupuesto asignado a este Poder de la República.
Asimismo, la congresista pidió la entrega de la copia íntegra del contrato de fideicomiso suscrito por el Poder Judicial, incluyendo sus anexos, adendas y modificaciones. La solicitud abarca también los criterios técnicos, financieros y jurídicos que fundamentaron la contratación de dicho fideicomiso, así como los estudios de factibilidad y análisis de conveniencia que respaldaron la decisión institucional.
La diputada Esquivel solicitó un informe pormenorizado sobre todas las obras, proyectos y adquisiciones ejecutadas bajo esta figura, detallando el objeto del proyecto, los montos ejecutados, el estado de avance y las fuentes de financiamiento.
Finalmente, la legisladora pidió que se indique expresamente si las obligaciones y desembolsos realizados a través del fideicomiso cuentan con el respaldo dentro del Presupuesto Nacional aprobado por la Asamblea Legislativa, exigiendo la documentación técnica y presupuestaria que así lo demuestre.
La gestión se encuentra ahora a la espera de la respuesta por parte de las autoridades judiciales, quienes deberán remitir la información solicitada dentro del plazo legal establecido.
