San José, 14 abr (elmundo.cr)- La diputada María Inés Solís presentó el expediente 21.346 que busca regular las actividades de lobby y de gestión de intereses en la Administración Pública.
Este proyecto obliga que todos los funcionarios y autoridades, en posición de poder o influencia tengan que hacer públicas sus agendas, para que la ciudadanía pueda conocer con quienes se reúnen y qué intereses representan las personas que les solicitan audiencias o reuniones.
“Es muy normal que los ciudadanos acudan antes sus representantes para abogar por sus intereses, sin embargo, en los últimos años el lobby se ha satanizado y erróneamente se ha extendido su imagen como algo malo, cuando en realidad no lo es”, señaló la proponente.
La iniciativa pretende dar respuesta a la demanda del ciudadano por mayor publicidad en los procesos de toma de decisiones dentro del sector público, y poder conocer la forma como se pueden reorientar determinadas políticas públicas.
“Para ello mi proyecto también propone la creación de un Registro de Lobbistas, que será alimentado con la información que ellos brinden a cada uno de los órganos, entes o instituciones que visitan, y cuya información se publicará en la plataforma que maneja la Contraloría General de la República”, explicó Solís.
También establece una serie de sanciones económicas en contra de los funcionarios o autoridades que incumplan sus obligaciones y que van de medio hasta ocho salarios base del cargo de auxiliar judicial uno, según la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, que tendrían que pagar aquellos sujetos pasivos que no habiliten el Registro de Agenda Pública o que no inscriba en este Registro los datos relativos a las reuniones o audiencias que celebra con los lobbistas.
Estas sanciones se impondrán también en contra de quienes no inscriban, publiquen o mantengan actualizado el Registro de Lobbistas que la misma ley señala.
Respecto de los lobbistas esta Ley establece la responsabilidad penal en contra que quienes, de manera inexcusable, omitan dar información verás o actualizada, la cual deberá brindar a la Administración bajo fe de juramento.
